La reciente aprobación de más endeudamiento por parte de la Asamblea Legislativa salvadoreña ha encendido las alarmas en el sector económico, generando un debate que va más allá de los números y se centra en la sostenibilidad fiscal del país. Mientras el Gobierno se esfuerza por proyectar una imagen de estabilidad económica y un presupuesto «balanceado», las cifras cuentan una historia diferente, una que podría tener implicaciones a largo plazo para la salud financiera de la nación.
La contradicción es evidente: si el presupuesto del Estado es, como se ha afirmado, «balanceado», ¿por qué existe una necesidad recurrente y creciente de solicitar nuevos préstamos? La respuesta, lamentablemente, reside en la diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos reales del Estado. Si bien los ingresos públicos pueden ser suficientes para cubrir los gastos de operación, el país ha mantenido un déficit persistente en su balanza fiscal, lo que significa que el gasto total —incluyendo inversión pública y pago de deuda— supera con creces lo que se recauda. Y, para cubrir esa brecha, la solución ha sido siempre la misma: más endeudamiento.
El Salvador ha visto una escalada de su deuda pública en los últimos años. Cada nuevo préstamo, aunque se justifique para proyectos de infraestructura, inversión social o el fortalecimiento de la seguridad, se suma a un pasivo que ya es considerable. Este patrón de endeudamiento constante no solo aumenta la carga de los contribuyentes, que en última instancia son quienes pagarán la factura, sino que también tiene un impacto directo en la capacidad del Estado para financiar sus propias operaciones y proyectos en el futuro.
El peligro de este ciclo es doble. Primero, cada dólar que se destina al servicio de la deuda (pago de intereses y capital) es un dólar que no se invierte en salud, educación, o el desarrollo de la economía. El «balance» del presupuesto se convierte en una ilusión cuando los fondos de los nuevos préstamos se utilizan para cubrir agujeros en lugar de generar riqueza y crecimiento genuino. Segundo, un nivel de endeudamiento excesivo aumenta la vulnerabilidad del país frente a shocks externos, como crisis económicas globales o variaciones en las tasas de interés. La dependencia de los préstamos hace que la economía sea más frágil y menos autónoma.
A pesar de las promesas de modernización y eficiencia, la realidad es que el país sigue dependiendo de la financiación externa para mantener su ritmo de gasto. Esto no solo pone en tela de juicio la solidez de las finanzas públicas, sino que también plantea serias preguntas sobre la verdadera estrategia de crecimiento económico a largo plazo. La consolidación fiscal no se logra simplemente sumando más pasivos, sino a través de una gestión prudente, transparente y enfocada en generar ingresos sostenibles, diversificando la economía y promoviendo la inversión productiva.
Es fundamental que la ciudadanía exija transparencia en el manejo de la deuda y que los legisladores evalúen cada nuevo préstamo no solo en función de su propósito inmediato, sino también de su impacto en el futuro financiero del país. Votar a ciegas a favor del endeudamiento, sin un plan claro para su repago, es un riesgo que, a la larga, todos los salvadoreños terminarán asumiendo.
