Bukele reafirma control total y desafía críticas externas en Cadena Nacional
En una intervención que paralizó las frecuencias de radio y televisión en todo el territorio salvadoreño, el presidente Nayib Bukele ofreció un discurso de marcado tinte nacionalista, centrado en la consolidación de su proyecto político y la defensa de la soberanía nacional frente a las presiones de la comunidad internacional.
El mandatario aprovechó el espacio para anunciar una nueva fase de lo que denominó «limpieza institucional». Según el discurso oficial, el Gobierno intensificará la persecución de redes de corrupción que aún operan en los mandos medios del Estado, asegurando que la eficiencia administrativa es el siguiente paso tras haber logrado el control territorial mediante el régimen de excepción. «No permitiremos que los vicios del pasado frenen el futuro que estamos construyendo», sentenció Bukele ante una audiencia que se manifestó ‘molesta’ ante la disrupción de los hábitos de esparcimiento nocturno, según constataron periodistas.
Un punto neurálgico del mensaje fue la respuesta a los informes de organismos de derechos humanos y medios de comunicación extranjeros que, en las últimas horas, han cuestionado la falta de transparencia y el debido proceso en el país. El presidente fue enfático al declarar que El Salvador ha dejado de ser un «protectorado» y que las decisiones sobre la seguridad pública y el sistema judicial se toman exclusivamente bajo el criterio del Ejecutivo y el Legislativo salvadoreño, ambos bajo su poder absoluto.
Analistas internacionales coinciden en que este discurso busca blindar la imagen interna del país ante la volatilidad económica global, proyectando una imagen de orden y mando único frente a las crisis externas.
Las críticas y acusaciones contra la administración de Nayib Bukele por parte de organismos y medios internacionales se han intensificado en 2026, enfocándose principalmente en la erosión de los controles democráticos y las sombras sobre cómo se logró la pacificación inicial del país.
Los informes más recientes de entidades como Human Rights Watch (HRW), WOLA y medios de investigación detallan:
1. Falta de Transparencia y Opacidad Fiscal
Los organismos internacionales señalan que El Salvador ha experimentado un retroceso sistemático en el acceso a la información pública:
- Reserva de Información: Se critica que el Gobierno ha clasificado como «reservada» información que antes era pública, incluyendo las declaraciones de patrimonio del presidente y los gastos en proyectos emblemáticos.
- Gestión de Activos Digitales: Informes del Departamento de Estado de EE. UU. (2025-2026) destacan avances en la gestión presupuestaria general, pero advierten sobre la falta de auditorías independientes en las cuentas de Bitcoin y otros activos digitales del Estado, las cuales operan fuera del presupuesto oficial.
- Debilitamiento de la Corte de Cuentas: Se señala que la institución fiscalizadora no cumple con los estándares internacionales de independencia, lo que limita la vigilancia sobre el uso de fondos públicos.
2. Violaciones al Debido Proceso bajo el Régimen de Excepción
Aunque el Gobierno defiende la efectividad de sus medidas, medios y organismos internacionales denuncian que el costo ha sido la anulación de garantías constitucionales:
- Juicios Colectivos: Organizaciones como HRW critican las audiencias masivas donde se procesa a cientos de personas simultáneamente, lo que impide una defensa individual efectiva y viola el principio de presunción de inocencia.
- Muertes en Custodia: Se estima que cientos de personas han muerto bajo custodia estatal durante el régimen de excepción sin que se hayan realizado investigaciones exhaustivas o rendición de cuentas clara sobre las causas de estos decesos.
- Independencia Judicial: La destitución y transferencia de jueces y fiscales independientes es vista por la comunidad internacional como una maniobra para concentrar el poder en el Ejecutivo y asegurar la impunidad.
3. Acusaciones de Pactos con Pandillas
Este es uno de los temas más sensibles y recurrentes en la prensa de investigación internacional (como El Faro y CNN):
- Investigaciones Periodísticas: Se sostiene que antes del régimen de excepción, el Gobierno mantuvo negociaciones con líderes de las principales pandillas para reducir los homicidios a cambio de beneficios carcelarios y otras concesiones.
- Sanciones de EE.UU: El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado a funcionarios cercanos al presidente (como Osiris Luna y Carlos Marroquín) bajo acusaciones directas de facilitar estos pactos.
- La «Ruptura» del Pacto: Medios internacionales sugieren que la ola de violencia de marzo de 2022, que dio origen al régimen de excepción, fue en realidad el resultado del colapso de dichas negociaciones secretas.
