Bukele prevé una baja de las tarifas eléctricas tras promesa de inversión de Grupo COX en El Salvador
Nayib Bukele anticipó el martes que la inversión de US$2.900 millones anunciada por el grupo español COX permitirá reducir las tarifas eléctricas para hogares, comercios e industrias, al disminuir la dependencia del país de plantas que funcionan con búnker, un combustible que encarece la generación cuando el sistema enfrenta dificultades. Sin embargo, el anuncio se formalizó mediante un memorando de entendimiento, no un contrato ejecutivo, lo que significa que los fondos aún no han llegado al país y que la realización final de los proyectos —y, con ella, la prometida rebaja tarifaria— no está garantizada.
Qué contempla el acuerdo y qué promete Bukele
El memorando, firmado en Casa Presidencial entre Bukele y Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de COX, contempla US$1.800 millones para infraestructura de gas natural, US$300 millones para baterías de almacenamiento, US$200 millones para plantas solares y US$600 millones para agua potable y saneamiento. El mandatario vinculó la eventual reducción de tarifas con la incorporación de una central de generación a gas natural de 380 megavatios y un sistema de baterías con capacidad inicial de 440 megavatios, ampliable hasta 1.000 megavatios, que permitirían almacenar energía solar durante el día para usarla de noche.
“Una vez funcionando la nueva planta de energía, vamos a poder dejar de depender de energías sucias como el búnker, por ejemplo, y por ende la tarifa de los hogares salvadoreños de energía va a bajar”, afirmó Bukele durante la presentación. El presidente sostuvo que la rebaja beneficiaría a viviendas, restaurantes, moteles, hospitales, alcaldías y dependencias del Estado, aunque no precisó el porcentaje de reducción esperado ni una fecha para que se refleje en los recibos. Actualmente, el precio promedio de la energía eléctrica en El Salvador ronda los 0,272 centavos de dólar por kilovatio hora para hogares y 0,240 centavos para negocios, según datos de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas.
Un acuerdo de intenciones, no una inversión inmediata
Pese a la magnitud de la cifra anunciada —equivalente, según Bukele, al 7% del Producto Interno Bruto del país—, el documento firmado es un memorando de entendimiento, un instrumento que expresa la voluntad de las partes de avanzar en negociaciones, pero que no obliga jurídicamente a ninguna de ellas a ejecutar los proyectos. La propia compañía española ha precisado que la operación está “sujeta a las aprobaciones pertinentes y a la formalización de los acuerdos específicos”, y que en las próximas semanas se prevé completar las aprobaciones correspondientes antes de avanzar en la formalización.
Cox ha indicado que las actuaciones se implementarían durante los próximos tres años, pero no se ha publicado un calendario de desembolsos ni un cronograma detallado de ejecución. La financiación se estructuraría mediante esquemas de project finance, con participación de entidades financieras internacionales, organismos multilaterales y agencias de crédito a la exportación, lo que añade una capa adicional de condicionantes antes de que los fondos lleguen efectivamente al país. En la práctica, esto significa que la promesa de una baja en las tarifas eléctricas es, por ahora, una proyección condicionada a que los proyectos se concreten, entren en operación y que los costos de generación se traduzcan en una revisión tarifaria favorable.
Contexto: por qué el búnker encarece la factura
El argumento de Bukele se apoya en una realidad del sistema eléctrico salvadoreño: cuando la generación hidroeléctrica o solar no alcanza a cubrir la demanda, el país recurre a plantas térmicas que utilizan búnker, un combustible fósil cuyo costo se traslada directamente a la tarifa que pagan los usuarios. La incorporación de una central de ciclo combinado a gas natural de 380 MW, junto con baterías y plantas solares, permitiría, en teoría, reducir el uso de esas plantas antiguas y estabilizar el sistema frente a variaciones en la demanda o problemas de generación.
El presidente también vinculó la necesidad de esta inversión con los efectos de El Niño, que ha provocado sequías e inundaciones en distintas regiones y podría prolongarse hasta mediados de 2027. “Primero Dios, El Niño va a terminar rápido y se va a restablecer la normalidad en el clima mundial. Pero si no pasara, con más razón necesitamos esta inversión”, afirmó Bukele, subrayando que la infraestructura anunciada tendría efectos de largo plazo más allá de las condiciones climáticas actuales.
El componente de agua: US$600 millones sin detalles operativos
Junto al componente eléctrico, el acuerdo contempla US$600 millones para agua potable y saneamiento, una partida que Bukele calificó como “la mayor inversión privada en este sector en la historia del país”. Sin embargo, al igual que en el caso de la energía, no se han publicado detalles sobre los municipios beneficiados, el número de hogares que recibirían mejoras, la capacidad de las instalaciones ni los mecanismos de supervisión. Enrique Riquelme señaló que el proyecto busca mejorar la gestión, calidad y distribución del agua, pero tampoco precisó ubicaciones definitivas ni fechas de conclusión.
La falta de especificidad en ambos frentes —energía y agua— refuerza la cautela sobre el alcance real del acuerdo. Un memorando de entendimiento es un punto de partida para negociaciones, no un compromiso vinculante de inversión. La historia reciente de El Salvador muestra que anuncios de gran magnitud pueden tardar años en materializarse o, en algunos casos, no concretarse, dependiendo de la viabilidad financiera, los permisos regulatorios y las condiciones del mercado.
Qué deberá ocurrir para que la promesa se cumpla
Para que la rebaja tarifaria anunciada por Bukele se traduzca en una reducción efectiva en las facturas de los salvadoreños, deberán cumplirse varias condiciones:
- Formalización de los acuerdos específicos: El memorando deberá evolucionar hacia contratos ejecutivos con términos claros sobre financiamiento, construcción y operación.
- Aprobaciones regulatorias: Los proyectos de gas, baterías y solar requerirán permisos y aprobaciones de las autoridades competentes antes de iniciar obras.
- Ejecución y puesta en marcha: Las instalaciones deberán construirse y entrar en operación, un proceso que Cox estima que tomará al menos tres años.
- Revisión tarifaria favorable: La tarifa eléctrica se revisa cada tres meses, y la eventual reducción dependerá de que los nuevos costos de generación se reflejen en esa revisión.
Hasta que estos pasos se completen, la promesa de una baja en las tarifas eléctricas permanece como una expectativa del Gobierno y de la empresa, sujeta a la materialización efectiva de una inversión que, por ahora, solo existe sobre el papel.
