Los salvadoreños llevan nueve meses bajo un estado de excepción perenne que fue decretado en marzo por el presidente Nayib Bukele como instrumento legal para poder ejecutar una guerra contra las pandillas. Pese a la disminución en las cifras de crímenes diarios en el país, la persecución contra las bandas criminales ha sido duramente criticada por supuesta falta de garantías a los derechos humanos.
Sin embargo, para el presidente Bukele, es una catapulta política con miras a la reelección, sea esta legal o ilegal.
“No me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a llevarse a los pandilleros, si los quieren se los entregamos a todos”, respondió Bukele a las interpelaciones y denuncias de organizaciones no gubernamentales, como Human Rights Watch y la izquierdista Cristosal, que registraron en menos de un año al menos 1.000 casos graves de violaciones, abusos y la muerte de al menos 90 personas bajo custodia del Estado salvadoreño.
Señalado de autoritario y de tintes de dictador por los más críticos de su gestión, Bukele cierra filas ante los cuestionamientos a su estrategia de persecución a los delincuentes. Lo que él llama “guerra contra las pandillas” le ha dejado un rédito de altísima aceptación ciudadana que le facilitaría su reelección en los comicios de 2024.
Un sondeo reciente de LPG Datos del matutino La Prensa Gráfica dice que el 87, 8% de los salvadoreños aprueba sus tres años y medio de gestión y el 89,5% el combate a las pandillas. Según le encuesta de la ONG Fundaungo, el 89,8% aprueba el régimen de excepción.
“Si el periódico de la oposición dice 88%, ¿cuánto será en realidad?”, alardeó el mandatario al referirse a la encuesta de LPG Datos.
El respaldo popular se explica por los buenos resultados en la vida cotidiana de los salvadoreños y por la sensación de indefensión que han vivido por décadas ante el régimen de miedo sembrado por las pandillas, ante la mirada pasiva de los partidos Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que no hicieron ninguna acción «efectiva» para defender a la población que era víctima de los delincuentes pandilleros.
El gobierno de Bukele, que movilizó a miles de policías y militares para cercar y detener a presuntos integrantes de las bandas, es responsable de vulnerar el derecho a la defensa y al debido proceso, de desapariciones forzadas, de torturas y de arrestos masivos de personas que no tienen nada que ver con las pandillas, según las denuncias de organismos humanitarios.
De hecho, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, confirmó que 2.100 personas han sido liberadas durante el régimen de excepción por no tener vínculos con las bandas criminales y anunció que en enero se iniciará un plan de verificación sobre la situación en las cárceles, que tendrá el acompañamiento de la ONU y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos.
Todo ha ocurrido, reprocha Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, «con el supuesto objetivo de garantizar su seguridad”.
La realidad es que, a los ojos de la población en general, el estado de excepción y las acciones militares y policiales, han sido efectivas.
Desde que Bukele advirtió que no pararía hasta sacar de las calles al último de los pandilleros y su director general penitenciario, Osiris Luna, prometió en Twitter que “los pandilleros van a sufrir por el dolor que afuera causan sus homeboys (miembros)”, miles de soldados y policías fuertemente armados irrumpieron en barrios y comunidades populosas, bastiones de las pandillas, y fueron de puerta en puerta, sacando arrastrados a miles de delincuentes.
Cercaron las zonas residenciales con alambras de púas, las entradas estaban resguardadas por camiones militares artillados y soldados armados con fusiles M-16, y decidieron quien entraba o salía, exigiendo identificación y revisando a todo el mundo, lo que ha sido aplaudido por residentes de las zonas que antes eran «de peligro».
El gobierno presume de estar camino de convertir a El Salvador en uno de los países más seguros de Latinoamérica y de vencer a las pandillas. Pero las organizaciones de derechos humanos, que no niegan el descenso de los homicidios, cuestionan la estrategia como una solución definitiva, la mayoría de estas fueron parte o son aliadas de la ex guerrilla del izquierdista FMLN.
Según información oficial, dentro del estado de excepción han capturado a más de 60.000 pandilleros o colaboradores de pandillas, incluyendo a 843 jefes de clicas o grupos de la Mara Salvatrucha y de Barrio 18. Las autoridades tienen registro de 76.600 pandilleros y dicen que falta capturar a más de 20.000.
Del 1 de enero al 26 de diciembre se registraron oficialmente 609 homicidios, un 45% menos que los 1.107 contabilizados en el mismo período del año pasado. Se estima que, de continuar así, El Salvador cerraría 2022 con un poco ms de 600 homicidios para una tasa de 9,9 por cada 100.000 habitantes.
El 2015 El Salvador, en ese momento considerado uno de los países más violentos del mundo, registró 6.656 homicidios, una tasa de 106 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.
Cuando el representante para las Américas de Human Rights Watch exhortó al ejecutivo a desarrollar una política de seguridad que proteja a los delincuentes capturados y no a la población, Bukele respondió de inmediato con un escueto “no”.
“No les interesa El Salvador, su temor es que tengamos éxito, porque otros gobiernos querrán imitarlo. Temen el poder del ejemplo”, dijo en Twitter.
Como en El Salvador, Honduras decretó el estado de excepción en 89 barrios y colonias de Tegucigalpa y 73 de San Pedro Sula, las principales ciudades del país en las que se registran los niveles más altos de delincuencia, atribuidos también a las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
Según la Constitución, el plazo de suspensión de las garantías constitucionales no puede exceder de 30 días. Transcurrido este plazo podrá prolongarse por igual período y mediante nuevo decreto, si continúan las circunstancias que lo motivaron. De lo contrario, se restablecería por completo las garantías suspendidas. Está vigente desde el 26 de marzo de este año.
Para combatir las pandillas, la Asamblea Legislativa aprobó algunas reformas al Código Penal para convertir en delito formar parte de las pandillas, lo que puede sancionarse con una pena de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de 40 a 45 años.
En los delitos relacionados con el crimen organizado, que incluye a las pandillas, se aplican 20 años de prisión a adolescentes mayores de 16 años y hasta 10 años a mayores de 12.
Empresarios del transporte público de pasajeros aseguran que las extorsiones de pandilleros al sector han disminuido casi en su totalidad. Dicen que mensualmente pagaban hasta 700 dólares por bus en concepto de extorsión, un aproximado de más de 19 millones de dólares por año entre todos.
En 2012, el gobierno estadounidense incluyó a la Mara Salvatrucha, en una lista de organizaciones criminales internacionales. Tres años después, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador la declaró terrorista, así como a la pandilla Barrio 18.
Quedan flotando dos preguntas:
¿Donde esta el dinero acumulado por las pandillas a través de los años?. Según expertos, se trata de varios miles de millones de dólares.
¿Cómo es posible que a la fecha se hayan incautado unas 2 mil armas y una cantidad ridícula de drogas?. Las pandillas han manejado el narcomenudeo por más de 30 años.
¡Los datos no cuadran!
