BCIE y Gobierno firman otro préstamo para Seguridad, hoy por $100 millones

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Firmaron el contrato el Gerente BCIE por El Salvador, ingeniero Raúl Castaneda y el Ministro de Hacienda, licenciado Carlos Enrique Cáceres.

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) firmó con el Gobierno de El Salvador otro préstamo por 100 millones de dólares para “aumentar la cobertura de servicios de seguridad ciudadana”, informó la entidad financiera.

Según un comunicado de prensa difundido por el banco, los fondos servirán para “infraestructura y equipo policial básico y especializado” que permitirán reducir “los índices de delincuencia y violencia por medio del mejoramiento de su capacidad operativa y de respuesta”.

El préstamo “busca desarrollar las capacidades de la Policía Nacional Civil en materia de combate y persecución del delito, por medio de intervenciones que contribuyan a la investigación criminal, la operatividad y presencia policial en todo el territorio de El Salvador”, añadió la fuente.

El empréstito fue firmado por el gerente del BCIE por El Salvador, Raúl Castaneda, y el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres.

El BCIE “ha financiado programas de seguridad en el país desde 2012 por un monto de 240,9 millones de dólares para apoyar la reducción de la delincuencia y la violencia, flagelos que minan el desarrollo económico”.

El comunicado añadió que “se espera la generación de 2.665 empleos temporales para las actividades de construcción, rehabilitación y mejora de infraestructura, y de 76 nuevos empleos fijos, principalmente personal para el manejo de equipo especializado, previendo que el 15 por ciento de estos sean mujeres”.

El préstamo del BCIE tiene un plazo de 20 años que incluye un “período de gracia de cinco años” para su pago.

El Ejecutivo de Salvador Sánchez Cerén ha solicitado a la Asamblea Legislativa la aprobación de una emisión de 157 millones de dólares en bonos, pero la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) ha negado sus votos porque pide haya una auditoria constante en el gasto del Gobierno y una racionalización de los gastos del Estado.