La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró sin lugar los recursos presentados por los abogados de la institución financiera que buscaban revertir el fallo judicial que obliga al banco a pagar más de $38 millones a la empresa, la cual fue llevada a la quiebra por las acciones de la institución bancaria.
El litigio legal entre la empresa Quimagro y el Banco Cuscatlán, data desde 1984 .
El juzgado Quinto de lo Civil y Mercantil de San Salvador había ordenado la ejecución de un embargo por más de $38 millones, para resarcir los daños ocasionados a la empresa QUIMAGRO, a la que llevó a la quiebra por una decisión unilateral.
Lo resuelto por la Sala de lo Constitucional pone fin a litigio legal que inició en 1984 por los representantes de la empresa, cuyo principal representante es el abogado Antonio Vega.
Vega asegura haber sido afectado por resoluciones amañadas por parte de los magistrados de la Sala de lo Constitucional que estaba conformada por Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Rodolfo Delgado y Belarmino Jaime.
Antonio Vega denunció por prevaricato los miembros de la entonces Sala de lo Constitucional; sin embargo, la denuncia fue archivada por el ex fiscal Douglas Meléndez, razón por la Vega también pidió un antejuicio contra Meléndez por el delito de incumplimiento de deberes, el cual no fue retomado por el ex fiscal Raúl Melara.
El caso de la demanda de QUIMAGRO contra el Banco Cuscatlán tuvo un fallo favorable El 15 de abril del 2013, la Sala de lo Civil declaró terminado el convenio de intervención financiera y administrativa que pesaba sobre la empresa Quimagro. En la sentencia la Sala condenó al banco a al pago de indemnización por daños y perjuicios a favor de la familia Vega pero la misma no pudo ser ejecutada debido a recursos improcedentes con los cuales la institución bancaria logró dilatar sus efectos.
El Juzgado Quinto de lo Civil y Mercantil de San Salvador, decretó recientemente embargo preventivo de bienes por más de $38millones, asimismo la tercera parte de este monto, para costos procesales.
