Fin del TPS pone en vilo unos 170,000 salvadoreños en EE.UU y abre un nuevo riesgo para la economía nacional
La protección migratoria que permitió a miles de salvadoreños trabajar legalmente y permanecer en Estados Unidos durante más de dos décadas llega a su fecha crítica. Su desaparición no significa deportaciones inmediatas, pero sí puede dejar a los beneficiarios expuestos a procesos de expulsión si no consiguen otra vía migratoria. El impacto también podría sentirse en El Salvador, cuya economía depende de las remesas enviadas desde Estados Unidos
WASHINGTON/SAN SALVADOR.— Más de dos décadas después de que Estados Unidos concediera nuevamente protección migratoria a los salvadoreños afectados por los terremotos de 2001, el Estatus de Protección Temporal (TPS) llega este 9 de septiembre a la fecha prevista para su terminación, dejando a alrededor de 170,000 beneficiarios —otras estimaciones sitúan la cifra cercana a 200,000— frente a uno de los mayores cambios migratorios de sus vidas.
La fecha no equivale, sin embargo, a una orden colectiva de deportación ni significa que todos los beneficiarios deban abandonar Estados Unidos inmediatamente.
La última extensión oficial del TPS para El Salvador fue aprobada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en enero de 2025 y estableció su vigencia hasta el 9 de septiembre de 2026.
Durante las horas previas al vencimiento, además, persistió una incertidumbre jurídica. La ley contempla una extensión automática de seis meses cuando el DHS no publica oportunamente una decisión sobre la continuidad o terminación de la designación. Esa posibilidad ya se produjo este año con el TPS para ciudadanos de Líbano.
Por ello, la situación de los salvadoreños no debe confundirse con una deportación masiva que comenzaría automáticamente este miércoles.
Una protección que nunca significó residencia permanente
El TPS fue creado por el Congreso estadounidense en 1990 como un mecanismo humanitario para ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias que hicieran inseguro su retorno.
El Salvador fue el primer país beneficiario del programa, inicialmente a raíz de la guerra civil. Posteriormente, después de los terremotos de enero y febrero de 2001, Washington volvió a designar al país para recibir TPS, y miles de salvadoreños quedaron nuevamente amparados.
La protección, sin embargo, nunca concedió residencia permanente ni ciudadanía estadounidense.
Su importancia radica en dos elementos: permite permanecer temporalmente en Estados Unidos y obtener autorización legal para trabajar mientras la designación se encuentra vigente.
La administración Trump ha sostenido que el programa fue concebido como una medida temporal y no como una vía de permanencia indefinida. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, resumió esa posición en agosto al señalar que “la T en TPS significa temporal”.
El argumento coincide con la ofensiva migratoria desplegada por la segunda administración Trump, que ha terminado o anunciado la terminación del TPS para numerosos países.
Perder el TPS no significa ser deportado mañana
Este es uno de los puntos que mayor confusión está provocando entre los beneficiarios.
Una persona que pierda el TPS no recibe automáticamente una orden de deportación el mismo día.
Lo que ocurre es que desaparece la protección migratoria específica que impedía que el beneficiario fuera removido mientras mantuviera un TPS válido. También termina la autorización de empleo derivada exclusivamente de ese estatus, salvo que exista otra autorización migratoria válida.
A partir de entonces, el gobierno federal puede iniciar procedimientos de remoción contra quienes no tengan otro estatus legal.
Los procedimientos migratorios normalmente implican una actuación del DHS y, en los casos que llegan ante un juez de inmigración, el afectado puede presentar argumentos y solicitar determinadas formas de alivio migratorio. Las decisiones de un juez de inmigración pueden ser apeladas ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), dentro de los plazos establecidos por la legislación.
Por tanto, entre la terminación del TPS y una eventual deportación puede existir un período considerable, dependiendo de cada caso y de la estrategia de aplicación de las autoridades migratorias.
¿Qué opciones tienen los salvadoreños?
La respuesta no es igual para todos.
Los beneficiarios deben analizar individualmente si pueden acogerse a otra categoría migratoria. Entre las posibilidades que pueden existir, dependiendo de las circunstancias personales, figuran:
Asilo: una persona que tenga un temor fundado de persecución puede eventualmente solicitar protección, aunque cumplir los requisitos de asilo no es automático y existen reglas estrictas sobre los plazos y las circunstancias que permiten presentar una solicitud fuera del período ordinario.
Protección contra la deportación: determinados inmigrantes pueden solicitar withholding of removal o protección bajo la Convención contra la Tortura cuando puedan demostrar los requisitos legales correspondientes. Los tribunales de inmigración tienen competencia para conocer estas solicitudes.
Peticiones familiares: algunos beneficiarios pueden tener cónyuges, padres o hijos ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes que eventualmente puedan iniciar procesos migratorios. Pero tener un familiar ciudadano no significa automáticamente que el beneficiario pueda obtener una residencia dentro de Estados Unidos.
Vías laborales: algunas personas pueden ser elegibles para determinadas categorías de visas laborales, aunque los obstáculos son importantes y el hecho de haber tenido TPS no crea por sí mismo una vía directa hacia la residencia.
Cancelación de remoción: ciertos inmigrantes que llevan muchos años en Estados Unidos pueden reunir requisitos para solicitar esta protección ante un juez, pero deben demostrar condiciones específicas, entre ellas un período mínimo de presencia física y determinadas dificultades excepcionales para familiares que sean ciudadanos o residentes permanentes.
Matrimonio u otras relaciones familiares: pueden abrir posibilidades en algunos casos, pero tampoco constituyen una regularización automática. El historial migratorio, la forma de ingreso a Estados Unidos y posibles infracciones anteriores pueden modificar completamente el resultado.
La conclusión fundamental es otra: no todos los salvadoreños con TPS están en la misma situación jurídica.
Por eso, las organizaciones de defensa migratoria recomiendan que cada beneficiario consulte con un abogado de inmigración acreditado antes de abandonar Estados Unidos, presentar una solicitud o asumir que ya no existe ninguna alternativa.
El verdadero riesgo comienza después
La pérdida del TPS tampoco implica que ICE pueda deportar automáticamente a los aproximadamente 170,000 salvadoreños.
Para una parte importante de ellos, el siguiente paso podría ser permanecer en Estados Unidos sin estatus migratorio, buscar otra protección o enfrentar eventualmente un proceso de remoción.
El Departamento de Justicia explica que, cuando DHS inicia un proceso de remoción mediante una Notice to Appear, el inmigrante puede presentar pruebas, solicitar determinadas formas de alivio y, en determinadas circunstancias, apelar la decisión.
Eso no significa que el riesgo sea menor.
La experiencia reciente con otros grupos cuyo TPS terminó muestra que el gobierno de Trump está utilizando activamente los mecanismos de control migratorio. En el caso de los haitianos, por ejemplo, después de la terminación de su protección se reportaron controles, detenciones y deportaciones.
El escenario que enfrentan los salvadoreños dependerá, en buena medida, de la política de aplicación que adopten DHS e ICE durante los próximos meses.
Familias estadounidenses atrapadas en una decisión migratoria
Uno de los aspectos más delicados es que una proporción importante de los beneficiarios lleva más de dos décadas viviendo en Estados Unidos.
Muchos llegaron jóvenes, aprendieron inglés, compraron viviendas, abrieron negocios, acumularon años de trabajo y formaron familias.
Sus hijos, en numerosos casos, nacieron en territorio estadounidense y son ciudadanos de ese país.
Los hijos ciudadanos no pierden su nacionalidad porque sus padres pierdan el TPS y no pueden ser deportados por el simple hecho de que sus padres carezcan de estatus migratorio.
Pero la familia sí puede quedar ante una disyuntiva difícil: que los padres permanezcan en Estados Unidos sin estatus, que sean sometidos a un proceso migratorio o que la familia decida trasladarse a El Salvador.
El problema, por tanto, no es únicamente migratorio. Es también familiar, laboral, patrimonial y social.
El contraste con la política de Bukele
El final del TPS coloca además bajo escrutinio la relación entre el presidente Nayib Bukele y Donald Trump.
Ambos gobiernos han profundizado su cooperación en materia migratoria y de seguridad. El Salvador aceptó deportados enviados desde Estados Unidos y el propio Bukele se convirtió en uno de los aliados latinoamericanos más cercanos de Trump.
Sin embargo, mientras organizaciones de inmigrantes, empresarios y congresistas estadounidenses desarrollaban una campaña pública para pedir la extensión del TPS, no existe evidencia pública equivalente de una campaña diplomática salvadoreña de alto nivel destinada a conseguir una nueva prórroga.
La ausencia de una solicitud pública del presidente Bukele resulta especialmente llamativa porque en 2019, durante el primer gobierno de Trump, el entonces presidente salvadoreño sí pidió públicamente la extensión del TPS.
En julio de este año, 80 miembros del Congreso estadounidense, encabezados por el representante James McGovern, solicitaron formalmente al secretario de Seguridad Nacional extender el TPS para El Salvador. Los legisladores argumentaron que las condiciones humanitarias, económicas y de derechos humanos justificaban mantener la protección.
El congresista Thomas Suozzi también pidió una transición de dos años y planteó mecanismos como parole in place para evitar que miles de beneficiarios quedaran súbitamente sin una alternativa migratoria.
La presión política, en otras palabras, ha provenido fundamentalmente de sectores estadounidenses, organizaciones migrantes y miembros del Congreso.
¿Qué hizo la Cancillería salvadoreña?
La respuesta requiere también una distinción.
La Cancillería salvadoreña sí desarrolló labores consulares relacionadas con el TPS, particularmente durante el proceso de reinscripción. Según información de su propia memoria de labores divulgada por medios salvadoreños, los consulados y la Embajada en Washington ayudaron a completar más de 27,700 formularios de reinscripción durante 2025.
Eso es distinto, sin embargo, de una ofensiva diplomática para obtener una nueva designación.
Hasta ahora no se ha conocido públicamente una solicitud presidencial salvadoreña comparable a la que Bukele realizó en 2019 para que la administración Trump mantuviera el TPS.
Tampoco se ha hecho pública una negociación de alto nivel entre San Salvador y Washington que haya producido una alternativa para los beneficiarios.
La diferencia es políticamente relevante.
La embajadora salvadoreña en Washington, Milena Mayorga, tampoco ha colocado públicamente el tema en el centro de su agenda de presión diplomática con la intensidad que han mostrado las organizaciones de beneficiarios y congresistas estadounidenses.
Esto ha generado cuestionamientos incluso dentro de El Salvador. En agosto, la diputada Marcela Villatoro criticó públicamente la actuación del Gobierno, de la bancada oficialista y de la representación diplomática salvadoreña frente al vencimiento del TPS.
La crítica puede discutirse políticamente, pero el hecho verificable es que no se conoce una gestión pública salvadoreña de la misma magnitud que las iniciativas emprendidas desde Estados Unidos para solicitar la extensión.
Una economía que no puede darse el lujo de perder remesas
La otra dimensión de esta crisis se encuentra a miles de kilómetros de Washington.
El Salvador tiene una de las economías latinoamericanas más dependientes de las remesas.
En 2025 ingresaron al país $9,987,91 millones por remesas familiares, un récord histórico y equivalente a aproximadamente el 24 % del PIB.
Durante el primer semestre de 2026 ingresaron otros $5,060,6 millones, un aumento de 4,5 % respecto al mismo período del año anterior.
Estados Unidos es, por amplio margen, la principal fuente de esos recursos.
Por eso, cualquier reducción significativa del empleo o de los ingresos de los salvadoreños en Estados Unidos puede terminar trasladándose a El Salvador mediante una disminución de las remesas.
El mecanismo sería relativamente sencillo:
pérdida del empleo → reducción del ingreso familiar en Estados Unidos → menor capacidad de enviar dinero → menor ingreso disponible de los hogares salvadoreños → menor consumo → menor actividad comercial y económica.
Y existe un segundo efecto.
Si miles de personas regresan al país sin empleo y sin capacidad inmediata de reincorporarse al mercado laboral, El Salvador tendría que absorber una población económicamente activa adicional precisamente cuando el país enfrenta limitaciones fiscales y de generación de empleo.
El FMI ya ha advertido del riesgo
No se trata solamente de una hipótesis política.
El Fondo Monetario Internacional analizó expresamente el riesgo que una aceleración de las deportaciones desde Estados Unidos tendría sobre El Salvador.
En un escenario adverso incluido en su análisis de 2025, el FMI estimó que un aumento significativo de las deportaciones hacia América Latina podría reducir las remesas salvadoreñas en aproximadamente $1.200 millones para 2030.
El impacto proyectado incluiría un crecimiento económico alrededor de 0,3 puntos porcentuales menor por año, un deterioro de la cuenta corriente equivalente a 1,3 puntos del PIB y unos $420 millones menos de ingresos tributarios acumulados durante el período analizado.
La advertencia del FMI es importante porque demuestra que las deportaciones no son únicamente un problema migratorio: pueden convertirse en un problema macroeconómico.
Un golpe que no necesariamente llegará de una sola vez
El escenario más probable no es que desaparezcan de inmediato miles de millones de dólares de remesas.
Los beneficiarios del TPS no necesariamente serán deportados simultáneamente. Algunos encontrarán otra vía migratoria; otros podrían permanecer temporalmente en Estados Unidos sin autorización; otros podrían salir voluntariamente; algunos enfrentarán procesos de remoción y habrá quienes consigan protección judicial o administrativa.
Por eso, el impacto económico probablemente sería gradual, no instantáneo.
Pero precisamente esa gradualidad puede hacerlo más difícil de detectar.
Una reducción sostenida de las remesas puede comenzar afectando el consumo de los hogares, posteriormente el comercio y finalmente la recaudación fiscal y el crecimiento.
Para un país donde las remesas equivalen a aproximadamente una cuarta parte del PIB, una contracción significativa constituiría un problema económico de primera magnitud.
Una decisión que trasciende a Trump y Bukele
El cierre del TPS salvadoreño representa, en última instancia, el choque entre dos realidades.
Para Washington, el programa fue concebido como una protección temporal y la administración Trump considera que después de décadas corresponde ponerle fin.
Para cientos de miles de salvadoreños, en cambio, Estados Unidos dejó de ser un refugio transitorio hace mucho tiempo y se convirtió en el lugar donde construyeron sus familias, empleos, negocios y patrimonio.
Y para El Salvador, la discusión tiene una tercera dimensión: una parte sustancial de la economía nacional depende de que esos mismos trabajadores puedan continuar generando ingresos en Estados Unidos.
La fecha del 9 de septiembre, por tanto, no representa el día en que 170,000 salvadoreños serán deportados.
Representa el comienzo de una nueva etapa de incertidumbre migratoria que podría prolongarse durante meses y, en algunos casos, años.
La verdadera pregunta ahora no es solamente cuántos salvadoreños serán expulsados.
Es cuántos podrán encontrar otra vía legal para permanecer en Estados Unidos, cuántos terminarán regresando voluntaria o forzosamente y cuánto le costará a El Salvador, en empleo, consumo, remesas y estabilidad económica, la desaparición de una protección que durante más de dos décadas se convirtió en parte de la realidad de su diáspora.
Con información de la Agencia Digital de Noticias -AdN-
