Justicia española libera de prisión al coronel Inocente Montano, único juzgado por el caso jesuitas
La Audiencia Nacional de España otorgó la libertad condicional por motivos médicos al exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador, el excoronel Inocente Orlando Montano, de 84 años de edad. Montano cumplía en la prisión de Estremera (Madrid) una condena dictada en 2020 por los homicidios de religiosos españoles perpetrados en noviembre de 1989, en el contexto del conflicto armado interno salvadoreño.
El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria argumentó razones de humanidad y dignidad ante el “declive cognitivo elevado” y el deterioro irreversible en la salud del exmilitar. Con este fallo, el único imputado procesado en tribunales españoles por los sucesos ocurridos en la Universidad Centroamericana (UCA) abandonará el recinto penitenciario para quedar bajo supervisión médica externa.
Contexto judicial y el principio de presunción de inocencia
El fallo judicial en España constituye un capítulo particular dentro de los sucesos ocurridos durante la guerra civil salvadoreña, un periodo marcado por la violencia armada entre la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
En el marco del derecho internacional e interno, la situación legal de los distintos señalados refleja diferencias procedimentales clave:
- Ausencia en la reunión decisoria: Registros del caso señalan que el coronel Inocente Montano no estuvo presente en la reunión del Alto Mando militar donde presuntamente se acordó la eliminación de quienes eran señalados por la cúpula institucional como líderes ideológicos de la insurgencia.
- Inexistencia de condenas sobre otros exfuncionarios: A la fecha, ningún exfuncionario del gobierno de la época, incluyendo al expresidente Alfredo Cristiani Burkard, ha sido condenado en firme por estos hechos. Conforme a las garantías constitucionales, la responsabilidad penal no puede asignarse de forma irresponsable o anticipada sin un proceso judicial donde se determine la culpabilidad conforme a la ley.
- Contexto de conflicto armado: Los hechos tipificados en el proceso corresponden a homicidios ocurridos en el marco de las acciones bélicas de la guerra civil, periodo en el que operaron diversos marcos jurídicos y posteriores leyes de amnistía dictadas para la reconciliación nacional.
Por qué la justicia española no enjuició al expresidente Alfredo Cristiani
Durante la instrucción de la causa en la Audiencia Nacional de España, la representación legal de las víctimas intentó incluir al expresidente Alfredo Cristiani Burkard dentro del proceso. Sin embargo, los tribunales españoles no juzgaron ni condenaron al exmandatario debido a limitaciones jurisdiccionales y principios de soberanía estatal:
| Criterio Judicial en España | Explicación Técnica y Fundamento Legal |
| Soberanía y No Extradición | El Estado salvadoreño, a través de sus órganos judiciales y constitucionales, denegó las peticiones de extradición impulsadas por la justicia española, argumentando que la jurisdicción natural para juzgar a sus ciudadanos y exprimeros mandatarios corresponde a las sedes judiciales locales. |
| Reforma a la Jurisdicción Universal | España reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 23.4), restringiendo el alcance del principio de jurisdicción universal. Dicha modificación limitó la capacidad de los tribunales españoles para juzgar a nacionales extranjeros no residentes en su territorio si no se concedía la extradición. |
| Principio de Subsidiariedad | El marco legal español establece que la jurisdicción internacional solo opera de manera subsidiaria cuando el país de origen no tiene voluntad o capacidad de investigar. Al mantenerse abierto el debate de causas penales en El Salvador, la justicia española limitó el juzgamiento únicamente a quien tuvo bajo su custodia (Montano, extraditado desde EE. UU.). |
El proceso penal por la autoría intelectual del caso UCA continúa bajo el marco de la legislación salvadoreña, donde los juzgados locales mantienen las diligencias para determinar responsabilidades dentro del debido proceso y con el respeto pleno a los principios de legalidad.
