El Salvador extiende por 56.ª vez el régimen de excepción
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una nueva prórroga —la número 56— del régimen de excepción, extendiendo la política de seguridad pública iniciada en marzo de 2022 para combatir las estructuras del crimen organizado. La resolución parlamentaria se produjo de forma paralela a la divulgación de balances judiciales que confirman la condena de más de 10,000 integrantes de maras y pandillas.
Con 57 votos a favor y un voto en contra, el pleno legislativo dio luz verde al decreto de emergencia. Durante el debate, legisladores del partido oficialista Nuevas Ideas y bancadas aliadas defendieron la continuidad de la medida, señalando que la estrategia ha permitido reducir de forma drástica los índices de criminalidad, dinamizar el turismo e impulsar proyectos de inversión pública previstos en el presupuesto nacional.
Un 98 % de efectividad en tribunales
La ratificación parlamentaria coincidió con el informe rendido por el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. El titular del Ministerio Público detalló las cifras acumuladas en los tribunales entre mayo de 2021 y el 16 de octubre de 2026.
Según los registros presentados por Delgado, la justicia salvadoreña ha dictado sentencia firme contra 10,561 miembros de estructuras criminales, de los cuales 9,213 son adultos y 1,348 menores de edad. La gran mayoría de los procesados pertenecía a la Mara Salvatrucha (MS-13) y a las dos facciones de la pandilla Barrio 18 (Revolucionarios y Sureños).
«Del total de imputados que han llegado a la etapa de vista pública, el 98 % ha sido condenado. Solo un margen mínimo ha sido absuelto», enfatizó Delgado ante los diputados, aclarando que el volumen total de sentenciados se incrementará a medida que los juzgados especializados celebren las audiencias pendientes.
Operativos permanentes y clausura de beneficios
Por su parte, el Gabinete de Seguridad confirmó que el marco legal vigente clausura categóricamente cualquier posibilidad de sustitución de medidas, indultos o beneficios de excarcelación anticipada para las personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, informó que las patrullas combinadas de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada (FAES) mantienen cercos territoriales tanto en núcleos urbanos como en cantones rurales.
Las autoridades detallaron que en los últimos meses han detectado técnicas de evasión por parte de remanentes de pandillas, tales como el borrado o modificación de tatuajes alusivos a las estructuras e intentos de ocultamiento en recintos religiosos. Las fuerzas de orden remarcaron que las incursiones continuarán de forma ininterrumpida hasta concretar la detención de la totalidad de los requeridos por la justicia.
