A 39 años de Esquipulas II, logros y fracasos
Hace 39 años, el 7 de agosto de 1987, los presidentes de Centroamérica suscribieron en Esquipulas II un acuerdo que aspiraba a transformar una región desgarrada por violencia, represión y guerras internas. Fue una hoja de ruta ambiciosa: promover la reconciliación nacional, cesar los conflictos armados, establecer procesos de democratización, respetar los derechos humanos y fomentar la cooperación regional. Esquipulas II nació de la urgencia histórica: la guerra fría, las intervenciones externas y las crisis humanitarias exigían una salida negociada que evitara mayor derramamiento de sangre y abriera la posibilidad de estabilidad sostenible.
El proceso fue impulsado por los presidentes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica —con una diplomacia activa de países vecinos y actores internacionales— y se consolidó con la firma del convenio en Guatemala en 1987. La iniciativa capitalizó el liderazgo moral y político de figuras como Óscar Arias (Costa Rica), cuya posterior acción le valdría el Nobel de la Paz, y la voluntad pragmática de otros mandatarios que buscaban terminar conflictos que debilitaban sus estados y sociedades.
Esquipulas II logró poner la negociación en el centro de la política regional: facilitó procesos de paz que terminaron con conflictos armados —el fin de la guerra civil en Guatemala y El Salvador y la desescalada en Nicaragua— y promovió reformas institucionales y elecciones supervisadas que, aunque imperfectas, impulsaron transiciones democráticas. Estableció mecanismos de cooperación y confianza entre gobiernos tradicionalmente enfrentados y sentó un precedente normativo: la idea de que la solución regional requería acuerdos multilaterales y respeto por procesos democráticos y derechos humanos.
Mucho de lo pactado quedó incompleto o fue revertido por factores estructurales: economías excluyentes, desigualdad persistente, debilidad institucional, impunidad y la impetuosa expansión del delito organizado. Las reformas no resolvieron la desigualdad ni crearon oportunidades económicas suficientes para absorber a generaciones enteras. Además, la dependencia de actores externos y la falta de recursos sostenidos para fortalecer el estado de derecho limitaron la consolidación de las instituciones prometidas en Esquipulas.
El mapa político de Centroamérica hoy es muy distinto. En varias capitales mandan gobiernos con estilos personalistas, agendas de seguridad centradas en mano dura, retórica centralizadora y, en algunos casos, debilitamiento de contrapesos institucionales. Esas características dificultan la implementación de políticas que requieren consenso regional, transparencia y respeto a garantías ciudadanas. La emergencia de nuevas amenazas —migración masiva, crimen transnacional, cambio climático— exige respuestas complejas que no se resuelven con enfoques cortoplacistas ni con la privatización de la seguridad.
Además, hay razones estructurales que trascienden a los gobernantes: la economía global, flujos ilícitos de capital, la demanda de migración hacia el norte y la insuficiencia de inversión pública en educación, salud e infraestructura mantienen a grandes sectores en situaciones vulnerables. Cuando los gobiernos priorizan discursos de control y emergencia sobre inversiones sociales y fortalecimiento institucional, se pierden las palancas que Esquipulas quería activar: reconciliación, inclusión y sostenibilidad democrática.
La distancia entre la letra de Esquipulas II y la realidad actual se traduce en estabilidad frágil: más militarización, menos confianza pública en instituciones, judicializaciones selectivas y migraciones prolongadas. El legado de Esquipulas—la idea de que la integración regional y el respeto a los derechos podían reducir la violencia estructural— sigue siendo pertinente, pero sin voluntad política sostenida y sin políticas públicas eficaces se vuelve un recuerdo normativo más que una guía operativa.
¿Hay salidas? Recuperar los objetivos de Esquipulas exige reformas en tres frentes: institucional (independencia judicial, transparencia, lucha contra la corrupción), social (inversión en educación, salud y empleo juvenil) y regional (cooperación real en seguridad, desarrollo y gestión migratoria). Requiere además liderazgo que privilegie el interés público a largo plazo sobre ganancias políticas inmediatas y que acepte rendición de cuentas. No es un llamado a repetir fórmulas pasadas, sino a rescatar principios: diálogo, negociación, protección de derechos y cooperación transfronteriza.
Hoy, al cumplirse 39 años, Esquipulas II recuerda que la paz y la democracia no son estados alcanzados una vez por todas, sino procesos permanentes. La pregunta para los gobernantes de la región no es si conocen aquel acuerdo, sino si están dispuestos a retomar su espíritu: construir instituciones sólidas y políticas inclusivas que reduzcan las causas estructurales de la violencia y la desigualdad. Si no lo hacen, la deuda histórica con las generaciones que vivieron y pagaron los costos de las guerras seguirá sin saldarse.
