Doble rasero: si un pandillero declara a favor del Estado, es honesto, si habla en contra de la propaganda, es delincuente
Por Luis Vazquez-BeckerS
En sociedades polarizadas, la credibilidad de una fuente no siempre se juzga por la consistencia de sus declaraciones ni por la solidez de la comprobación, sino por su utilidad política. El caso salvadoreño ofrece un ejemplo claro y problemático de esta dinámica: cuando un miembro de pandillas actúa como “testigo criteriado” —es decir, como informante cuya colaboración se usa para incriminar a terceros— su testimonio puede ser elevado a verdad incontrovertible o desautorizado según convenga al aparato de propaganda y a la narrativa oficial.
Hay momentos en que declaraciones provenientes de pandilleros son incorporadas sin recelos en campañas comunicacionales del Estado y en procedimientos judiciales para sustentar acusaciones contra exfuncionarios y líderes opositores. Esas declaraciones son presentadas como pruebas contundentes: piezas que encajan en una historia de corrupción o complicidad y que, al ser difundidas por medios afines o por comunicadores estatales, reciben el estatus de evidencia pública. En paralelo, cuando declaraciones de miembros de pandillas —publicadas por medios internacionales o independientes, como reportajes que refieren negociaciones con el actual gobierno— apuntan hacia episodios de diálogo o acuerdos con el poder, esas mismas voces son inmediatamente desacreditadas, catalogadas como “delincuentes” sin mayor matiz y sus testimonios relegados al rubro de la propaganda o la falsedad.
Esa doble vara erosiona la confianza ciudadana en dos frentes. Primero, politiza la verdad: las adjudicaciones de credibilidad dejan de basarse en criterios judiciales, metodológicos o periodísticos y pasan a depender de su utilidad para una parte política. Segundo, debilita la integridad de procesos penales y mediáticos. Si la validez de un testimonio depende de quién lo cita o de a quién perjudica, el sistema de justicia y el espacio público quedan expuestos a arbitrariedades y a la instrumentalización de fuentes vulnerables.
Argumentos que suelen esgrimir quienes defienden la descalificación inmediata —la grave trayectoria del testigo, su posible coacción, o el interés de la pandilla en manipular narrativas— son legítimos y deben ser investigados. Pero esos mismos argumentos deberían aplicarse con uniformidad cuando las declaraciones benefician al Estado o sus aliados. La exigencia mínima es la coherencia: si se supone que un testimonio de un delincuente requiere corroboración, cadena de custodia y contexto para ser considerado, entonces esos requisitos deben exigirse siempre, no solo cuando la declaración daña al gobierno.
Las consecuencias prácticas de no aplicar criterios iguales son varias. Judicialmente, pueden abrirse brechas para condenas políticas basadas en pruebas endebles o en narrativas prefabricadas. Mediáticamente, se instala la percepción de que algunos testimonios sirven como pruebas y otros como excusas, lo que alimenta desconfianza en la prensa y en las instituciones. Socialmente, se profundiza la polarización: cada bando selecciona y legitima voces convenientes, reduciendo la posibilidad de debate informado y de rendición de cuentas real.
¿Qué sería razonable exigir? Primero, procesos transparentes de verificación: toda declaración, venga de quien venga, debe contrastarse con evidencia documental, registros, peritajes independientes y testimonios complementarios. Segundo, estándares judiciales consistentes para aceptar la condición de “testigo criteriado” y proteger el debido proceso de los acusados. Tercero, responsabilidad comunicacional: los medios y los voceros estatales deben evitar convertir testimonios aislados en veredictos mediáticos sin la debida verificación.
Se trata, en suma, de restituir una norma básica de equidad epistemológica: la credibilidad no puede ser un recurso asignado por conveniencia política. Cuando la sociedad permite que una fuente idéntica sea elevada o desestimada según interese al poder, todos pierden: la justicia se debilita, la prensa pierde autoridad y la ciudadanía queda más indefensa frente a la manipulación informativa. Reconocer la doble moral en el manejo de testimonios es el primer paso para reclamar criterios uniformes que protejan tanto el derecho a la verdad como el derecho a un proceso justo.
