Gobierno ve “oportuno” no extraditar militares a España

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Oscar Ortíz, vicepresidente de la República.

Óscar Ortiz, vicepresidente de la República aplaudió la decisión del Supremo de negar la extradición a España de de los militares presuntamente implicados en la muerte de varios jesuitas en 1989, en el marco de la guerra subversiva que sufrió el país y de la cual el fue uno de los artífices por parte de la guerrilla.

La sentencia es “oportuna y coherente”, afirmó este miércoles.

La Corte Suprema de Justicia habría negado por unanimidad la entrega del coronel Guillermo Benavides a la justicia española, mientras que la resolución sobre otros tres uniformados está “en la misma ruta”, declaró este miércoles a periodistas el magistrado Leonardo Ramírez Murcia.

Benavides, junto a los sargentos Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo y el cabo Ángel Pérez Vásquez, fue detenido el pasado 5 de febrero cuando las autoridades salvadoreñas procedieron a ejecutar las órdenes de captura contra 16 militares a petición de la Audiencia Nacional de España.

“Creo que la Corte en pleno, después de un minucioso y exhaustivo análisis, ha tomado la decisión oportuna y coherente (…), y qué bueno que se haya tomado de esa manera”, dijo a la prensa el otrora dirigente guerrillero.

Remarcó que el Gobierno respeta “totalmente” la decisión del Supremo porque evita que “se nos vaya a debilitar, pulverizar y desarticular” el proceso de paz y democracia iniciado con la firma de los acuerdos que dieron fin a la guerra civil (1980-1992).

Asimismo, aseguró “no cabe” en este contexto decir que el crimen, en el que también fueron asesinados tres salvadoreños, queda en la impunidad.

El magistrado Ramírez Murcia también expuso que la Corte decidió que el coronel Benavides “debe pasar a un centro penal a cumplir la pena” de 30 años impuesta en un juicio por la masacre entre 1991 y 1992, y de la que solo cumplió una parte.

Explicó que entre los elementos que llevaron a la resolución está la reciente nulidad de la Ley de Amnistía de 1993, que impedía investigar los crímenes lesa humanidad cometidos durante el conflicto.

“En este caso desaparecía el sustento (de la justicia española) de que había impunidad” por la existencia de la Ley de Amnistía, pero, anulada ésta, “queda en manos de las autoridades fiscales la persecución o esclarecimiento” del hecho, explicó.

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