La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó el sábado que ya son cuatro militares capturados de los 17 reclamados por la Audiencia Nacional de España por su presunta participación en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989.
La PNC confirmó en su cuenta oficial de Twitter que, como resultado del operativo iniciado la noche del viernes y “en cumplimiento de la notificación roja emitida por Interpol”, se ha detenido al coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno y los también militares Antonio Ramiro Avalos Vargas, Ángel Pérez Vásquez y Tomás Zárpate Castillo.
Sánchez Cerén pide a militares entregarse
El excomandante guerrillero y actual presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, instó a los militares presuntamente involucrados en el asesinato de seis jesuitas que liberaban intelectualmente a la insurgencia durante la guerra civil (1980-1992) a entregarse a las autoridades.
El presidente Salvador Sánchez Cerén dijo durante un acto público que “hay personas que se han ocultado, no sabemos si salieron ya del país, pero mi recomendación es que se entreguen a la justicia y que la justicia decida si los extradita o no extradita”.
El mandatario aclaró que será la Corte Suprema de Justicia “la que tiene que tomar la decisión” de extraditarlos o no.
“Necesitamos que haya verdad con todo lo sucedido en el pasado, pero también necesitamos que haya justicia, pero también tiene que haber perdón”, dijo, y continuó, “el pueblo también tenga espacio para perdonar los hechos cometidos en el pasado”.
Sánchez Cerén no mencionó las masacres cometidas por la guerrilla, de la que fue comandante, y los asesinatos sumarios cometidos por Mayo Sibrián bajo sus órdenes, cuando fueron asesinados centenares de combatientes guerrilleros sobre los que había alguna duda de su lealtad a la insurgencia armada, entre ellas, la de las hermanas Pocasangre, cuyos familiares piden al presidente identifique su lugar de entierro.
Petición de captura del juez español
El juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco envió a principios de enero una nueva petición a Interpol para la captura de los militares salvadoreños retirados, supuestamente involucrados en la masacre de los religiosos y dos colaboradoras en los momentos más álgidos de la guerra.
En el marco de una ofensiva guerrillera comunista, la madrugada del 16 de noviembre de 1989, un comando militar irrumpió en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA) y acribilló al grupo de líderes intelectuales de la insurgencia, entre ellos el rector de la institución, Ignacio Ellacuría. Cinco de los seis sacerdotes eran españoles. En el ataque también murieron una empleada doméstica y su hija.
El crimen es uno de los más emblemáticos del conflicto armado que enfrentó a la entonces guerrilla izquierdista comunista y ahora partido gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) con el Ejército salvadoreño, que defendía la institucionalidad y legalidad del país, con un saldo de al menos 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.
Los militares involucrados en los hechos ya fueron juzgados, sin embargo, se vieron beneficiados con dos leyes de amnistía, con la cual se perdonaron los delitos cometidos durante el conflicto armado, tanto por parte del ejército, como de la guerrilla subversiva.
