MÉXICO – Durante los ocho años que operó, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) participó en 204 investigaciones, a raíz de las cuales se desmantelaron 33 estructuras criminales y se encarcelaron a 161 funcionarios y exfuncionarios de gobierno, entre ellos un expresidente.
Se trata de “resultados trascendentales” afirmó hoy la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés) en un informe.
Al considerar que los altos niveles de violencia, los débiles sistemas de seguridad y de justicia así como la infiltración de actores criminales y políticos corruptos en las esferas de poder de Honduras y El Salvador se asemejan a los de Guatemala, WOLA sugirió a los gobiernos de esos países centroamericanos adoptar un sistema equivalente a la CICIG.
La CICIG es un órgano independiente y “sin precedente en el mundo” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ya que consiste en una fiscalía internacional que opera bajo las leyes y el sistema de justicia de Guatemala.
Aunque el congreso guatemalteco se mostró muy hostil a la hora de discutir la ley que aprobaría la instalación de la CICIG en el país, terminó adoptando la medida en agosto de 2007 a raíz de un “verdadero clamor por parte de los medios de comunicación y de la opinión pública”, afirmó WOLA.
La organización observó que desde ese entonces, “las iniciativas de la CICIG han enfrentado resistencias tanto institucionales como políticas de ciertos sectores”, y recordó por ejemplo casos de campañas mediáticas contra los titulares del órgano para deslegitimar sus esfuerzos.
WOLA reiteró que la misión de la CICIG es ayudar a las autoridades guatemaltecas a depurar las instituciones de las estructuras y redes criminales que las infiltran, saquean los recursos públicos y alimentan el clima de impunidad generalizada.
Muchos de los integrantes de estas redes provienen de los grupos clandestinos armados y paramilitares que apoyaron al gobierno en su ejercicio represor durante la guerra civil guatemalteca, la cual acabó de manera oficial en 1996, dejando más de 200 mil personas asesinadas –en su mayoría civiles mayas—y más de 45 mil desplazadas.
En Guatemala, subrayó WOLA, “los llamados cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS), al no ser desarticulados por el Estado, fueron evolucionando y transitando hacia el crimen organizado y la corrupción organizada. A lo largo de los años, estas redes se han ido involucrando en crimen común (secuestros y extorsiones) y crimen organizado (tráfico de drogas y personas)”.
Según WOLA, la CICIG señaló en distintas ocasiones a funcionarios públicos corruptos, a raíz de lo cual logró la remoción de un Fiscal General, de una “decena de Fiscales Jefes”, de un Director del Instituto de la Defensa Pública Penal, así como el despido de “centenares de miembros de la fuerza policial” –incluyendo al director y al subdirector—y cerca de 50 comisarios.
Gracias a estas acciones, en diciembre de 2010 la jueza Claudia Paz y Paz se convirtió en la primera mujer electa Fiscal General, puesto desde el cual investigó casos de violaciones masivas a derechos humanos –uno de los más significativos desembocó en el juicio del exdictador Ríos Montt— y logró la condena de “centenares” de Zetas, pandilleros y militares.
En la actualidad, Paz y Paz es una de los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) encargado de revisar las investigaciones de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
La CICIG también propuso 15 reformas legislativas en materia penal, las cuales buscaban implementar nuevas herramientas de investigación, como la introducción de la figura del “colaborador eficaz” y del sistema de protección de testigos, así como el establecimiento de tribunales de alto riesgo. Según WOLA, el parlamento sólo aprobó cuatro de ellas.
Casos emblemáticos
Durante su mandato presidencial, entre 2000 y 2004, Alfonso Portillo Cabrera desvió millones de dólares gracias a la ayuda de altos rangos del ejército guatemalteco. En 2004, horas antes de que el Fiscal General, Carlos de León, emitiera una orden judicial en su contra, se escapó a México.
En octubre de 2008, Portillo fue extraditado en un avión de la Procuraduría General de la República (PGR) para ser juzgado en Guatemala. Ahí, se benefició de una libertad bajo fianza y en 2010 un operativo comandado por la CICIG lo capturó en su tentativa de huir hacia Belice.
WOLA relató que en mayo de 2011, un tribunal conformado por dos juezas exoneró al expresidente y dos de sus cómplices del ejército. Sin embargo, la CICIG apeló la decisión, ya que poseía pruebas que demostraban la corrupción del esposo de una jueza, por lo que el expresidente permaneció en la cárcel. En 2013 el gobierno guatemalteco lo extraditó a Estados Unidos, dónde la justicia lo inculpó por el delito de lavado de dinero.
En el mismo asunto de desfalco de fondos públicos, la CICIG investigó a ocho militares de alto rango durante la administración de Portillo e interpuso una apelación cuando la justicia intentó cerrar el caso, el cual será finalmente juzgado.
Asimismo, la CICIG desmanteló la red de corrupción que dirigía desde la cárcel Byron Lima Oliva, un militar que formó parte del equipo de seguridad del expresidente Álvaro Arzú después de sus años de entrenamiento en la escuela de contrainsurgencia “Kaibil”, de la cual también egresaron algunos de los sicarios reclutados por los Zetas.
“Encarcelado” desde 2001 –aunque admitió que salía “rutinariamente y a sus anchas” –, Lima Oliva manejaba el lucrativo negocio del traslado de reos y de la venta de “beneficios” a otros reclusos, gracias a sus relaciones con las más altas esferas políticas y militares de Guatemala. Según WOLA, llegó a vender prendas de vestir a los ministerios de Gobernación y de Defensa, así como al Partido Patriota.
Las pesquisas de la CICIG también desembocaron en la emisión de órdenes de aprehensión contra altos funcionarios de la policía prófugos, que se desempeñaron durante la administración del expresidente Óscar Berger Perdomo, por su participación en las ejecuciones extrajudiciales de 10 reos.
En el próximo mes de septiembre, el gobierno guatemalteco decidirá si extiende o da por terminada la misión de la CICIG.
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