La comunidad entregó una carta dirigida al ministro René Francis Merino Monroy y solicita que el caso llegue hasta el presidente Nayib Bukele. Los habitantes aseguran que llevan 12 años en los terrenos y advierten que miles de familias podrían quedar sin vivienda si se ejecuta la orden judicial

La comunidad El Pitón elevó esta semana su petición a una nueva instancia en un intento por evitar el desalojo de las familias que desde 2014 habitan en terrenos de Finca Florencia, en Nuevo Cuscatlán.

Después de solicitar la intervención de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y buscar un diálogo con el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), representantes de la comunidad acudieron el 20 de agosto al Ministerio de la Defensa Nacional para solicitar la intervención del titular de esa cartera, René Francis Merino Monroy.

La delegación no fue recibida directamente por el ministro. De acuerdo con el presidente de la comunidad, Santiago Paredes, una comisión de coroneles atendió a los habitantes y recibió el documento dirigido al funcionario. Los representantes esperan que la petición llegue también al presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada, Nayib Bukele.

La solicitud se produce en medio de un proceso judicial que mantiene a la comunidad bajo la amenaza de desalojo.

Una cuenta regresiva que se acerca a septiembre

El 30 de junio de 2026, el Juzgado de Paz de Nuevo Cuscatlán ordenó que los habitantes abandonaran los terrenos en un plazo máximo de 90 días, después de resolver favorablemente una reclamación del IPSFA sobre la propiedad.

Los habitantes han cuestionado esa decisión y sostienen que la situación jurídica todavía tiene aspectos pendientes de resolver. De acuerdo con declaraciones recogidas por YSUCA, la comunidad afirma que el proceso está siendo analizado en una instancia judicial de Santa Tecla.

La orden coloca a las familias ante una cuenta regresiva que, según sus representantes, podría llevar el plazo hasta finales de septiembre.

Pero detrás del calendario judicial existe una comunidad que, según sus habitantes, lleva 12 años construyendo viviendas y desarrollando su vida familiar y económica en el lugar.

Los primeros pobladores llegaron a la zona en 2014 y sostienen que realizaron una toma pacífica de los terrenos porque consideraban que estos estaban destinados a beneficiar a veteranos de la Fuerza Armada.

“No queremos que nos desalojen”

Los representantes de El Pitón sostienen que el conflicto debe ser resuelto mediante el diálogo y una salida institucional que permita a las familias conservar las parcelas donde actualmente viven.

La comunidad afirma que los terrenos fueron adquiridos por el IPSFA en 1994 con la finalidad de beneficiar a miembros de la Fuerza Armada que participaron en el conflicto armado y que, durante sus años de servicio, los militares realizaron cotizaciones relacionadas con esos beneficios.

Esta versión ha sido sostenida reiteradamente por los habitantes, pero la documentación que permita establecer exactamente la finalidad de la adquisición, los derechos individuales de los veteranos y la situación registral de las parcelas debe ser examinada públicamente.

Precisamente por eso, la comunidad está solicitando que las máximas autoridades intervengan antes de que se ejecute la orden de desalojo.

“Queremos un diálogo abierto”, ha sido el planteamiento de los representantes.

Del IPSFA a Defensa

La acción ante el Ministerio de la Defensa ocurre una semana después de que representantes de El Pitón acudieran al IPSFA.

El 13 de agosto, los habitantes se reunieron con representantes de la institución y entregaron un escrito dirigido al presidente de su Consejo Directivo, vicealmirante Exon Oswaldo Ascencio Albeño. En aquella ocasión solicitaron abrir un diálogo y plantearon la posibilidad de legalizar los terrenos que actualmente ocupan. El IPSFA indicó que analizaría la solicitud.

Sin embargo, hasta la nueva acción ante Defensa, los habitantes no habían obtenido una solución que pusiera fin al riesgo de desalojo.

Por eso decidieron acudir directamente al Ministerio de la Defensa.

El pedido ahora apunta a la Presidencia

La comunidad sostiene que la intervención del Ministerio de la Defensa podría abrir una vía de diálogo con las máximas autoridades del país.

Según Santiago Paredes, los habitantes tienen previsto presentar nuevos escritos ante Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa para exponer la situación y solicitar la intervención del Ejecutivo y del Legislativo.

La petición coloca ahora el caso en un escenario político e institucional más amplio.

La pregunta que queda planteada es:

¿Intervendrá el Gobierno antes de que concluya el plazo judicial?

Una comunidad que afirma tener más de 4,000 familias

Las cifras sobre la población de El Pitón han variado en las diferentes declaraciones públicas y publicaciones sobre el caso.

Los representantes de la comunidad han hablado recientemente de más de 4,000 familias, mientras que en julio mencionaron alrededor de 4,500 familias.

La dimensión exacta de la población afectada debería ser determinada mediante un censo oficial.

Ese dato será fundamental si finalmente se ejecuta la orden de desalojo.

Porque una de las interrogantes que todavía no tiene respuesta es:

¿Dónde vivirían las familias que actualmente ocupan El Pitón?

Hasta ahora no se ha conocido públicamente una propuesta oficial de reubicación para los habitantes.

El conflicto que comenzó en 2014

El Pitón no es un asentamiento surgido recientemente.

Los habitantes sitúan el inicio de la comunidad en junio de 2014. Durante estos 12 años, aseguran haber construido viviendas, desarrollado actividades agrícolas y organizado servicios comunitarios.

En julio, habitantes explicaron que en las aproximadamente 106 manzanas que identifican como parte de la comunidad existen viviendas, áreas agrícolas, pequeños negocios, un espacio educativo y obras comunitarias relacionadas con agua, electricidad y drenajes.

El tiempo transcurrido es uno de los argumentos centrales de los pobladores.

Sin embargo, permanecer durante 12 años en un inmueble no determina por sí mismo la propiedad legal del terreno, por lo que el conflicto requiere una revisión de los títulos, antecedentes registrales, resoluciones judiciales y eventuales derechos derivados de los programas destinados a veteranos.

¿Qué ocurrió con los veteranos y las tierras?

Esta es probablemente la pregunta de fondo del caso.

Los habitantes aseguran que las tierras fueron adquiridas por el IPSFA precisamente para beneficiar a miembros de la Fuerza Armada y que ellos realizaron cotizaciones durante sus años de servicio.

Si esa afirmación puede ser acreditada documentalmente, será necesario establecer:

• ¿Cuál era exactamente el programa de beneficio?
• ¿Quiénes eran sus beneficiarios?
• ¿Qué tierras fueron adquiridas?
• ¿Qué obligaciones tenía el IPSFA?
• ¿Qué veteranos fueron incluidos?
• ¿Quiénes quedaron fuera?
• ¿Qué ocurrió con las cotizaciones realizadas?
• ¿Por qué las familias que actualmente viven en El Pitón no recibieron la transferencia de los terrenos?
• ¿Qué decisiones institucionales se tomaron durante los últimos 30 años?

Son preguntas que ya no corresponden solamente a la comunidad.

Son preguntas sobre la política pública destinada a los veteranos de la guerra salvadoreña.

Y existe otra pregunta que deberá investigarse

Los representantes de El Pitón también han expresado su preocupación por los intereses inmobiliarios que existen alrededor de Finca Florencia y han señalado que la ubicación y plusvalía de los terrenos podrían generar interés de inversionistas.

Esa afirmación no constituye, hasta ahora, prueba de que exista una relación entre esos intereses y el proceso de desalojo.

Pero sí plantea una pregunta legítima para una investigación periodística:

¿Qué proyectos inmobiliarios existen actualmente en Finca Florencia y qué relación, si alguna, tienen con los terrenos ocupados por El Pitón?

La respuesta solamente puede establecerse mediante documentos, registros de propiedad, permisos, proyectos aprobados y declaraciones oficiales.

Un conflicto con varias instituciones involucradas

El caso ha pasado ya por diferentes instancias.

La comunidad acudió el 31 de julio a la PDDH para solicitar su intervención y evitar el desalojo.

Posteriormente, el 13 de agosto, buscó diálogo con el IPSFA.

Ahora, el 20 de agosto, llegó al Ministerio de la Defensa para pedir la intervención de su titular y que el planteamiento sea trasladado a las máximas autoridades del país.

Y los habitantes anuncian que acudirán también a Casa Presidencial y a la Asamblea Legislativa.

La ruta seguida por la comunidad puede resumirse así:

PDDH → IPSFA → Ministerio de la Defensa → Presidencia → Asamblea Legislativa.

El objetivo es uno:

Evitar el desalojo y encontrar una solución que les permita permanecer en el lugar.

La pregunta que empieza a marcar la cuenta regresiva

El caso de El Pitón entra ahora en una etapa decisiva.

Por una parte, existe una resolución judicial que ordena abandonar los terrenos.

Por otra, una comunidad que afirma llevar 12 años en el lugar solicita la intervención de las autoridades y sostiene que existen derechos históricos relacionados con su condición de veteranos.

El IPSFA ha recibido la solicitud de diálogo y dijo que analizará el caso.

El Ministerio de la Defensa ya recibió el escrito dirigido a su titular.

Los habitantes anuncian que buscarán ahora llegar hasta Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa.

Mientras tanto, el reloj sigue avanzando.

¿Habrá una respuesta del ministro de la Defensa?

¿Llegará la petición hasta el presidente Nayib Bukele?

¿Intervendrá el Gobierno para buscar una salida antes de que venza el plazo judicial?

¿Existe una alternativa a la expulsión de las familias?

¿Puede encontrarse una fórmula que respete la propiedad legal de los terrenos y, al mismo tiempo, atienda la situación de las familias que llevan 12 años viviendo en El Pitón?

Y quizá la pregunta más importante:

¿Qué solución ofrecerá el Estado a los veteranos que aseguran que las tierras por las que hoy enfrentan un desalojo fueron adquiridas precisamente para beneficiarlos?

El caso continúa abierto.

DiarioLatino.net y LaGaceta503.com mantendrán el seguimiento de las gestiones de la comunidad ante el Ministerio de la Defensa, Casa Presidencial, la Asamblea Legislativa, el IPSFA y las demás instituciones involucradas.