Hay casi 800 detenidos en protestas; alertan violación de los DD.HH.
Como en las dictaduras de América Latina de la década de 1970, el régimen chavista de Nicolás Maduro está usando tribunales militares para juzgar a opositores arrestados durante las violentas protestas que a diario se convocan en Venezuela desde hace 40 días y que han dejado hasta ahora 37 muertos.
Los arrestos y la entrega de civiles a la Justicia militar se hace en el marco del Plan Zamora, un operativo de seguridad que echó a andar Maduro cuando la oposición inició las protestas.
“La Constitución es clara, la jurisdicción militar no es para civiles, llevar allí a manifestantes es violar los derechos humanos”, dijo Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, único poder del Estado venezolano en manos de la oposición. Borges dirigió un mensaje al ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López.
Según el jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral, mayor general Jesús Suárez, de 780 detenidos, 251 fueron enviados a tribunales militares acusados de “ataque al centinela y asociación para la rebelión”.
Unos 70 fueron encarcelados por orden de los tribunales castrenses instalados en el estado Carabobo, precisó el abogado Tony Marval, mientras la ONG de derechos humanos Foro Penal registra otros 11 presos en Caracas y en el estado de Lara.
El constitucionalista José Vicente Haro aseguró que la medida viola el artículo 261 de la Constitución, según el cual la competencia de esas cortes “se limita a delitos de naturaleza militar”.
Las audiencias comenzaron el pasado viernes en un destacamento de Valencia —capital de Carabobo—, pero luego se trasladaron a un barrio de esa ciudad, donde ocurrieron entre el 2 y 4 de mayo protestas contra Maduro y saqueos a más de un centenar de negocios.
“Se está violando el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por sus pares, de naturaleza civil, y el debido proceso. Es una forma de perseguir la disidencia y paralizar las protestas”, declaró el abogado Malvar a la AFP, tras salir de una audiencia.
Los enjuiciados enfrentan cargos de instigación a la rebelión y vilipendio, aun cuando muchos fueron detenidos por robo, denunció el abogado Alfredo Romero, director de Foro Penal, que asesora a los detenidos.
Según grupos de derechos humanos, el gobierno está aplicando esa medida porque la fiscal general, Luisa Ortega, cercana al chavismo, ha denunciado arrestos arbitrarios en el marco de las protestas opositoras y se niega a imputar a esas personas. “Significa un quiebre del Estado de Derecho en Venezuela”, dijo la directora de la ONG Control Ciudadano y experta en temas de defensa, Rocío San Miguel.
La medida fue duramente criticada por el secretario general de la Organización de Estado Americanos (OEA), Luis Almagro, quien afirmó que “vulnera todos los principios básicos de democracia y Derechos Humanos”.
Maduro, cuya gestión es rechazada por siete de cada diez venezolanos ante la severa crisis económica del país, asegura que las manifestaciones opositoras han derivado en “actos terroristas” y de “insurgencia armada” que buscan derrocarlo.
El vicepresidente Tarek El Aissami anunció ayer martes que la Operación Zamora desarticuló “células de insurgencia armada” que vinculó con la oposición y particularmente con Borges.
La situación de los opositores arrestados puede agravarse por la decisión de Maduro de retirar a Venezuela de la OEA. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló ayer martes que el retiro de su país de la OEA impedirá a los venezolanos el acceso al sistema interamericano de protección a los derechos humanos.
¿Uruguay, mediador?
Ayer Maduro invitó a El Salvador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, República Dominicana y Uruguay a incorporarse al diálogo político entre el gobierno chavista y la oposición.
“Agradecemos a estos países hermanos de Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) su buena disposición con Venezuela para preservar la paz en el marco del respeto a la soberanía”, dijo la canciller Delcy Rodríguez a través de la red social Twitter.
El diálogo político entre gobierno y oposición fue lanzado a finales de octubre pasado con la mediación del Vaticano y de los expresidentes Leonel Fernández (República Dominicana), Martín Torrijos (Panamá) y del exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.
La oposición abandonó las negociaciones después de poco más de un mes acusando al chavismo de incumplir los acuerdos alcanzados.
Posteriormente, los mediadores presentaron a las partes una propuesta para reactivar el proceso a finales de enero, pero fue rechazada por la oposición.
La crisis en Venezuela impactó en la interna del gobierno uruguayo y del oficialista Frente Amplio, donde algunos grupos empujan por apoyar al régimen chavista. Hoy el canciller Rodolfo Nin Novoa será interpelado en la Cámara de Diputados.
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