Unos 500 salvadoreños marcharon el domingo desde el parque Cuscatlán hasta la Plaza Cívica en el Centro de San Salvador conmemorando el 33 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz el 16 de enero de 1992, que pusieron fin a 12 años de conflicto armado interno, en una manifestación que fue utilizada para sacar a relucir el tema de los derechos humanos y la aprobación de una ley para permitir la explotación minera en el país.
Además, la manifestación fue utilizada también para exigir la libertad de presuntos inocentes capturados durante el régimen de excepción.
El 16 de enero de 1992, el gobierno salvadoreño y los comandantes del guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, auspiciados por las Naciones Unidas, suscribieron los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 12 años de guerra civil, que dejó más de 75,000 muertos y unos 12,000 desaparecidos.
El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRRP) convocó a la marcha a la que se unieron otras organizaciones opositoras al gobierno del presidente Nayib Bukele, que expresaron su descontento durante el recorrido hasta llegar a la plaza Cívica.
La manifestación fue vigilada a distancia por los cuerpos de seguridad sin que se reportaran incidentes.
El presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), Ricardo Navarro, exigió al gobierno que no proceda a la explotación minera porque, según dijo, va a “desplazar a miles de personas” y afectará a todo el país ya que se agotará el agua y se destruirán los recursos naturales.
Pese a la oposición de diversos sectores, entre ellos la Iglesia católica, el 23 de diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó, con los votos oficialistas y de sus aliados, la Ley General de Minería Metálica, una propuesta del presidente Bukele que asegura transformará El Salvador generando riqueza y “miles de empleos de calidad”.
Los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados además derogaron la Ley de Prohibición de la Minería Metálica emitida el 29 de marzo de 2017, que en esa fecha convirtió a El Salvador en el primer país en el mundo en prohibir la minería de metales.
Por su parte, Ivania Cruz, abogada y vocera de la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC), dijo en declaraciones a periodistas que a 33 años de la firma de la paz «el país está en una situación complicada, han retrocedido las instituciones, la democracia y lo poco que se podía tener en el país».
Cruz reprochó que las instituciones creadas tras la firma, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), «juegan un papel pasivo ante las denuncias y demandas que existen por tanta violencia en el tema de los derechos humanos».
La activista también lamentó que los Acuerdos de Paz, avalados por organismos e instituciones internacionales como las Naciones Unidas, no sean reconocidos por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, y afirmó que «negar estos acuerdos nos condena a repetir la historia, a repetir hechos lamentables, como la represión».
Ante el actual panorama, la abogada instó a la población a que «no tengamos miedo, que el miedo no nos paralice, sigamos denuncia
Desde que entró en vigor el régimen de excepción el 27 de marzo de 2002, las autoridades dicen haber capturado más 84,200 acusados de pertenecer o tener vínculos con estos grupos criminales. Bukele ha dicho que 8,000 inocentes han sido liberados.
354 personas han muerto bajo custodia de las autoridades.
Recientemente el Movimiento de Víctimas del Régimen publicó una correspondencia del comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, en la que dio trámite a una petición de liberar a 150 personas que alegan fueron detenidas.
