TSE adjudica auditoría del voto electrónico y activa cuestionamientos y dudas sobre transparencia
El Tribunal Supremo Electoral adjudicó a la firma estadounidense $6.49 millones para fiscalizar el voto de los salvadoreños en el exterior en 2027. La compañía, cuyo presidente y representante registrado en Florida es el venezolano Dedaniel Renaud Urribarri, ya auditó el proceso de 2024. Su trayectoria incluye cuestionamientos políticos en Honduras, observaciones técnicas sobre el sistema electoral salvadoreño y una controversia persistente por la reserva de sus informes. No hay evidencia pública comprobada de una condena por fraude electoral contra la empresa, pero sus antecedentes plantean preguntas que el TSE debería responder
La adjudicación de un contrato por $6,497,000 a CGTS Corp para auditar el registro electoral y el voto electrónico de los salvadoreños en el extranjero en las elecciones de 2027 vuelve a colocar bajo escrutinio a una empresa estadounidense cuya participación en procesos electorales de la región ha estado acompañada de cuestionamientos sobre transparencia, independencia y acceso a la información.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) adjudicó el servicio el 12 de octubre de 2026, mediante el proceso 300-2026-P0173, según los registros de compras públicas citados por Diario El Mundo. La contratación comprende la auditoría del registro electoral, la logística, la operatividad y la tecnología utilizada para el sufragio en el exterior. El monto total se distribuyó en dos adjudicaciones: $5,998,500 y $498,500.
El contrato tiene una dimensión relevante porque CGTS no llega por primera vez al sistema electoral salvadoreño. La firma fue contratada para auditar el voto electrónico en las elecciones de 2024, cuando también se encargó de revisar el registro de votantes en el exterior, los sistemas de votación por internet y presencial y el escrutinio correspondiente.
La empresa volverá a fiscalizar un proceso en el que la compañía española Indra tendrá a su cargo la solución tecnológica del voto electrónico. La relación entre quien desarrolla el sistema y quien debe verificar su funcionamiento exige una auditoría independiente, con acceso efectivo a la tecnología, capacidad para identificar fallas y resultados que puedan ser examinados por las autoridades electorales y la ciudadanía.
El problema es que, en el proceso de 2024, los informes finales de CGTS no fueron puestos a disposición pública por el TSE. Esa reserva impidió que ciudadanos, organizaciones de vigilancia electoral y especialistas independientes pudieran conocer íntegramente qué se examinó, cuáles fueron las conclusiones y qué recomendaciones se atendieron.
Una empresa registrada en Florida y un beneficiario identificado en los documentos
Los registros oficiales de la División de Corporaciones del Departamento de Estado de Florida identifican a CGTS Corp como una sociedad mercantil con fines de lucro, inscrita el 1 de febrero de 2013, con número de registro P13000010719 y estado activo en el sistema de ese estado.
El mismo registro identifica a Dedaniel Urribarri como director y agente registrado de la compañía. Su dirección principal aparece en Doral, Florida. Los documentos de Comprasal citados en la información sobre la adjudicación salvadoreña identifican a Urribarri como beneficiario final del contrato y representante de la firma.
CGTS se presenta como una compañía dedicada al desarrollo de software, consultoría, soluciones de identidad y servicios electorales. En su sitio institucional afirma tener más de dos décadas de experiencia y haber participado en procesos de México, Argentina, Honduras, El Salvador y Perú, entre otros países.
Hay, sin embargo, una diferencia que merece aclaración: la experiencia empresarial que la compañía atribuye a sus operaciones puede ser anterior a la constitución de la sociedad registrada en Florida, pero el documento oficial consultado acredita que CGTS Corp, como entidad jurídica específica, fue inscrita en 2013. No debe confundirse la trayectoria que la firma declara con la antigüedad legal de esa corporación.
En agosto de 2024, Urribarri y otros representantes de CGTS se reunieron con el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa. En el encuentro también participaron Luis Daniel Vecchi, Alessandro Manganaro Vecchi y Rafael Guillén Urrutia, presidente del Instituto para la Promoción de la Democracia (Iprode). La reunión fue divulgada por la Vicepresidencia.
El encuentro no constituye por sí mismo una irregularidad ni demuestra una relación contractual indebida. No obstante, en contrataciones relacionadas con la integridad electoral, la publicación de las agendas, los objetivos de las reuniones y los eventuales vínculos institucionales contribuye a despejar dudas sobre la independencia de los actores involucrados.
Los antecedentes de 2024: una auditoría con hallazgos técnicos y acceso limitado
La primera contratación de CGTS por parte del TSE para las elecciones de 2024 fue objeto de observaciones desde el proceso de selección. La firma fue la única que presentó oferta para el servicio, según la documentación divulgada por medios salvadoreños. El panel de evaluación del Tribunal le asignó una calificación de 98.50 puntos sobre 100.
El costo de la auditoría fue presentado inicialmente por magistrados del TSE como una cifra cercana a $4.2 millones. Sin embargo, las publicaciones sobre el contrato detallaron un monto inicial de $4,463,500, que podía elevarse a $4,799,110 si se realizaba una segunda vuelta presidencial. Otra fuente que recopiló la ejecución presupuestaria del proceso electoral reportó un pago de $4,392,310 a CGTS. Las cifras corresponden a referencias distintas —estimación pública, valor contractual y ejecución reportada— y no deben confundirse.
La contratación fue cuestionada por la iniciativa ciudadana Votante, que señaló la falta de competencia y la limitada participación de universidades, especialistas y organizaciones independientes en la vigilancia del voto electrónico. Carlos Palomo, integrante de esa iniciativa, advirtió que contar con una sola firma auditora reducía la pluralidad de observadores y podía incrementar las dudas sobre la credibilidad del proceso.
Los cuestionamientos no se limitaron a la selección de la empresa. En diciembre de 2023, La Prensa Gráfica publicó información del primer informe de auditoría de CGTS, entregado al TSE a finales de octubre de ese año. El documento contenía al menos siete observaciones relacionadas con el desarrollo del voto electrónico.
Entre los hallazgos se encontraba la falta de acceso oportuno de los auditores y técnicos al sistema que utilizarían los salvadoreños en el exterior. También se reportaron incongruencias en la base de datos migratoria que serviría para integrar el registro electoral, falta de claridad sobre la contratación y asignación de personal operativo y dificultades de coordinación con la empresa Indra.
Uno de los puntos más delicados era que, hasta comienzos de noviembre de 2023, la auditoría no había podido examinar el sistema en un dispositivo ni tenía una fecha confirmada para esa revisión. CGTS también cuestionó que las máquinas no fueran trasladadas a El Salvador para su inspección, como contemplaba el esquema contractual, y señaló que el proveedor no había justificado suficientemente las dificultades logísticas alegadas.
El TSE respondió que los auditores viajaron a España para revisar los equipos en las instalaciones de Indra. El magistrado Julio Olivo sostuvo que esa actuación permitió resolver uno de los hallazgos, aunque reconoció que el contrato establecía que los equipos debían revisarse en el país.
Estas observaciones no constituyen una acusación contra CGTS: fueron advertencias formuladas por la propia empresa auditora sobre las condiciones en las que debía realizar su trabajo. Lo que sí revelan es que la fiscalización enfrentó limitaciones de acceso y coordinación en una etapa crucial del proceso electoral.
La reserva de los informes impidió conocer el resultado completo
La controversia más relevante para evaluar la auditoría de 2024 no es solamente qué problemas detectó CGTS, sino qué ocurrió con los informes finales y quién pudo conocerlos.
En marzo de 2024, el TSE declaró reservados los informes de auditoría y documentos de trabajo mientras los resultados no fueran definitivos. La decisión fue reiterada en una resolución de la Oficina de Información y Respuesta del Tribunal, identificada como OIR-TSE-36-IV-2024, emitida el 7 de mayo de ese año.
En ese expediente, un ciudadano había solicitado los resultados de todas las auditorías encargadas a CGTS y documentación relacionada con la fiscalización de los sistemas electorales. La resolución señala que la Secretaría General del TSE no respondió al requerimiento interno y que, debido a la clasificación de reserva vigente, no era posible entregar los documentos solicitados.
La reserva impidió conocer públicamente el contenido completo de los resultados de la auditoría. También limitó la posibilidad de contrastar las observaciones iniciales con las correcciones que el Tribunal y los proveedores afirmaron haber realizado.
La confidencialidad de ciertos detalles técnicos puede justificarse para proteger información sensible de seguridad informática. Sin embargo, esa protección no debería convertirse en una barrera para publicar conclusiones generales, metodologías, recomendaciones, hallazgos corregidos y certificaciones que permitan evaluar la integridad del proceso.
El antecedente es especialmente importante porque el TSE vuelve a contratar a la misma empresa para 2027 por una suma superior, sin que la ciudadanía haya podido examinar de manera integral el resultado de su trabajo anterior.
La controversia hondureña: una denuncia política que no equivale a una condena
Los antecedentes de CGTS en Honduras también han generado cuestionamientos. Durante las elecciones generales de 2021, integrantes del Partido Salvador de Honduras (PSH) denunciaron supuestos vínculos entre tres empresas que participaron en distintas áreas tecnológicas del proceso electoral: Smartmatic, encargada de los sistemas biométricos; Magic Software Argentina (MSA), responsable de la transmisión de resultados preliminares; y CGTS, que habría participado en la auditoría.
El diputado y entonces candidato Allan Macoto sostuvo que existían conexiones entre ejecutivos de las compañías y mencionó específicamente a Dedaniel Urribarri, a quien atribuyó el uso de cuentas de correo relacionadas con las tres firmas. El PSH calificó el esquema como una presunta colusión y reclamó una investigación sobre la independencia de los proveedores.
Es importante precisar que aquellas afirmaciones fueron denuncias de un actor político hondureño. La publicación que las recogió no aporta una resolución judicial que demuestre que CGTS participó en una manipulación electoral, ni permite concluir que las relaciones corporativas señaladas constituyeran una coordinación ilícita. Tampoco se debe presentar esa acusación como una condena o como un fraude probado.
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea para las elecciones hondureñas de 2021 sí identificó problemas de transparencia en los procesos de contratación y evaluación de los servicios tecnológicos. Su informe final señaló que la contratación de auditorías se realizó a menos de dos semanas de la jornada electoral, lo que limitó las posibilidades de efectuar una fiscalización significativa. También indicó que la publicación de los resultados de evaluación de las ofertas fue desigual.
El informe europeo no atribuyó a CGTS una manipulación de los resultados ni confirmó la denuncia de colusión del PSH. Sus observaciones se refirieron a deficiencias institucionales, retrasos y falta de transparencia en el proceso electoral hondureño.
La diferencia es esencial: una cosa es documentar problemas en la contratación y la supervisión electoral, y otra muy distinta demostrar que una empresa cometió fraude.
Honduras 2025: la auditora denunció dificultades para realizar su trabajo
La participación de CGTS en Honduras no terminó en 2021. La empresa volvió a intervenir como auditora externa de componentes tecnológicos para las elecciones generales de 2025.
En octubre de ese año, la propia firma comunicó al Consejo Nacional Electoral (CNE) hondureño que enfrentaba dificultades para avanzar en la auditoría de los sistemas de biometría, transmisión de resultados preliminares, divulgación y escrutinio.
Según reportes de El Heraldo y La Prensa de Honduras, CGTS advirtió que no había recibido información técnica esencial ni definiciones sobre el mecanismo de trabajo que debía coordinar el organismo electoral. La firma sostuvo que esa falta de acceso impedía revisar adecuadamente los sistemas y emitir conclusiones oportunas.
El episodio no constituye una denuncia de fraude contra CGTS; por el contrario, muestra a la compañía reclamando condiciones para cumplir su función auditora. Pero vuelve a poner en evidencia un problema recurrente en los procesos de la región: las auditorías electorales pueden perder efectividad cuando los organismos responsables no garantizan a tiempo el acceso a la información, a los proveedores y a los componentes tecnológicos que deben ser examinados.
La inscripción de CGTS Corp Inc. en el registro de proveedores del Estado hondureño, emitida por la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) en junio de 2025 y vigente hasta junio de 2028, acredita su habilitación administrativa como proveedor en ese país. Ese registro, por sí solo, no constituye una certificación de que todos sus trabajos hayan estado libres de cuestionamientos ni sustituye la evaluación de su desempeño en cada contrato.
¿Existe un escándalo judicial o una sanción contra CGTS?
La revisión de fuentes periodísticas, registros corporativos y documentos públicos consultados no permitió identificar una sentencia firme, una sanción administrativa publicada o una condena penal contra CGTS Corp o Dedaniel Renaud Urribarri por fraude electoral, corrupción o manipulación de resultados.
Tampoco es correcto convertir las denuncias políticas hondureñas de 2021 en una acusación judicial demostrada. No se encontró en las fuentes revisadas una resolución que establezca que CGTS haya alterado votos o participado en un fraude.
Lo que sí está documentado es un historial de cuestionamientos sobre la transparencia de los procesos en los que ha participado, la ausencia de competencia en su contratación salvadoreña de 2024, la limitada publicidad de sus resultados de auditoría, las observaciones técnicas que la propia firma formuló y las denuncias políticas que surgieron en Honduras.
Por tanto, el principal asunto de interés público no es atribuirle a la empresa delitos que no han sido demostrados, sino determinar si el TSE ha evaluado suficientemente su desempeño anterior y si las condiciones del nuevo contrato garantizan una auditoría independiente, verificable y transparente.
Un contrato de $6.49 millones exige mayor transparencia
La adjudicación para 2027 supera el monto reportado para el trabajo de CGTS en 2024. La diferencia económica requiere una explicación pública sobre el alcance de los servicios, el número de auditores, las pruebas que se realizarán, los sistemas que serán examinados y los entregables que deberá presentar la compañía.
También es necesario conocer cuántas empresas participaron en el proceso de 2026, qué criterios técnicos y financieros se aplicaron, cuál fue la evaluación de las ofertas y por qué se seleccionó nuevamente a CGTS. El procedimiento aparece identificado como contratación directa en los registros de la convocatoria, por lo que el TSE debería explicar la base legal y las condiciones que justificaron esa modalidad.
El Tribunal debería publicar el contrato íntegro, sus anexos técnicos, el calendario de auditoría y las obligaciones de acceso que tendrá CGTS frente a Indra y los demás proveedores. Asimismo, tendría que establecer un mecanismo de supervisión independiente que permita a partidos políticos, observadores electorales y especialistas verificar que la auditoría no dependa exclusivamente de la información que entreguen las compañías fiscalizadas.
La experiencia de 2024 demuestra que una auditoría contratada no garantiza automáticamente transparencia. Si los técnicos no tienen acceso oportuno a los sistemas, si las observaciones no se conocen y si los informes finales permanecen reservados, la ciudadanía no puede comprobar por sí misma si las deficiencias fueron corregidas.
La integridad del voto de los salvadoreños en el exterior no depende únicamente de la seguridad del software ni de la reputación de las empresas contratadas. También exige que el organismo electoral permita una fiscalización plural, que los resultados de las auditorías sean conocidos y que cualquier hallazgo tenga una respuesta verificable.
CGTS tiene una trayectoria internacional declarada y ha sido contratada en varios países para tareas electorales. Los documentos revisados no permiten calificarla como una empresa condenada por fraude. Pero sus antecedentes, las controversias que rodearon procesos anteriores y la reserva de los informes salvadoreños de 2024 justifican que el TSE explique con mayor detalle por qué vuelve a confiarle una auditoría de $6.49 millones para las elecciones de 2027.
