El expresidente de la Asamblea Legislativa, Othon Sigfrido Reyes, fue favorecido por el Tribunal de Ética Gubernamental en cuatro denuncias en su contra. Según, Marcel Orestes Posada, presidente del Tribunal, el ex diputado efemelenista no habría hecho nada ilegal, sin embargo, a pesar de que hizo lo incorrecto, lo absolvió.
Los cuatro procesos por los que estaba acusado Reyes eran, promover un decreto legislativo en benefició de la esposa de su socio, Byron Larrazábal; la compra de terrenos estatales a bajo precio; la compra de regalos y los gastos en fiestas con fondos públicos y la contratación de su socio, Larrazábal, como su asesor.
En el primer caso, el decreto legislativo 677 fue emitido y aprobado para beneficiar a la esposa de Larrazábal y a otras personas que lograron recuperar los terrenos que les habían sido embargados por el Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero (FOSAFFI). De acuerdo al TEG no hubo nada irregular en el hecho.
Según Posada, “la emisión de un decreto legislativo supuestamente favorecía a la esposa de este socio”, pero esta “se había divorciado hace diez años, ya no era su esposa y no podía ir destinada esa ley a la esposa de este señor”.
Con respecto a los gastos en que incurrió la Asamblea Legislativa, bajo la presidencia de Reyes, en una fiesta en diciembre de 2012 para los empleados, por la compra de corbatas y pulseras para los 84 diputados, lo que propició un gasto por $92,437.84, por el gasto de $13,245 para la compra de licor y más de $15,000 en obras de arte, todo con fondos provenientes de los contribuyentes al fisco, el TEG es de opinión que “Nosotros profundizamos el caso y encontramos que todo lo hicieron en la Asamblea con absoluto apego a la normativa que rige ahí, de manera que nosotros no podemos violar el principio de legalidad, encontramos que todo lo que hicieron está legalmente permitido”.
Por la compra a precios bajos de cinco terrenos propiedad del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) en Nuevo Cuscatlán, a través de la sociedad Terrein S.A. de C.V. (administrada por Larrazábal), negocio hecho mientras ambos trabajaban en la Asamblea legislativa, con un valor de más de $440 y que fueron cancelados al contado, el TEG tampoco encontró irregularidades. “Nosotros recibimos de parte del IPSFA toda la información, incluyendo la tabla de precios. Había una lista de precios que era resultado de las condiciones particulares de cada lote: de primera, segunda, tercera y de última categoría, a la cual pertenecían aquellos lotes que estuvieran cerca de fuentes de bullicio a la orilla de la calle o que tuvieran una irregularidad notable”, dijo Posada.
Por la contratación de Byron Larrazábal, socio de Reyes en varios negocios, como su asesor en el Congreso, de acuerdo al TEG el orden de los factores desestima la falta de ética por parte de cualquier funcionario: “Fíjese cómo es la ley: primero tiene que ser socio y después nombrarlo. (En este caso) primero fue nombrado, asumió el cargo y pasado cierto tiempo Sigfrido Reyes se asoció con este señor”, sostuvo Posada.
Según reza el artículo uno de la ley orgánica del TEG: la institución tiene la obligación de “normar y promover el desempeño ético en la función pública; salvaguardar el patrimonio del Estado, prevenir, detectar y sancionar la corrupción de las y los servidores públicos, que utilicen los cargos o empleos para enriquecerse ilícitamente o cometer otros actos de corrupción”.
El presupuesto destinado para el TEG es de $2.3 millones, según el Presupuesto General de la Nación 2016.
Queda recordar a los miembros del TEG que “no solo hay que ser, hay que parecer” y que no siempre lo ético es lo legal, pues las leyes pueden ser elaboradas bajo intereses mezquinos y contrarios a lo “correcto”.
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