José Osmín Santos Robles, Brandon Bladimir Sigaran Cruz y William Alexander Martínez Ruano llegaron a El Salvador en vuelos de deportación desde Estados Unidos durante marzo y abril de 2025. Desde entonces, sus familias no han vuelto a saber de ellos. La incertidumbre se ha convertido en dolor y en una batalla legal que ahora escala al plano internacional.
“Han pasado meses y no tenemos una sola llamada, ni una carta. No sabemos si está vivo, si está preso, si lo tienen incomunicado”, cuenta entre lágrimas la madre de Brandon, un joven de 21 años deportado el 15 de marzo.
Los tres jóvenes habían sido deportados en procesos previos y, al intentar regresar a Estados Unidos, fueron nuevamente capturados y enviados de vuelta a El Salvador. Pero al aterrizar, las familias aseguran que desaparecieron de cualquier registro oficial.
Ni Centros Penales, ni la Policía, ni la Fiscalía General de la República han confirmado su ubicación. Tampoco la Embajada de Estados Unidos en San Salvador ha proporcionado detalles.
“Es una desaparición forzada en toda regla: el Estado conoce su ingreso al país, pero niega información sobre su paradero”, afirma el abogado Kelvi Zambrano, representante de las familias.
Ante la falta de respuestas internas, Zambrano presentó en septiembre una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando medidas cautelares. El recurso alega que se violan derechos fundamentales como la libertad personal, el acceso a la salud y el debido proceso.
“Se agotaron todas las vías en El Salvador. Ya acudimos a habeas corpus, a la Fiscalía y a Centros Penales. El Estado guarda silencio. Por eso pedimos protección internacional”, señaló el abogado.
El caso se da en medio del régimen de excepción vigente en El Salvador desde marzo de 2022, bajo el cual se han reportado cerca de 90,000 detenciones, denuncias de arrestos arbitrarios y muertes en custodia.
Organizaciones locales y extranjeras temen que los deportados hayan sido retenidos bajo esa figura y enviados a centros penitenciarios de máxima seguridad como el CECOT, sin notificación a sus familiares ni acceso a defensa.
“Lo más grave es el silencio oficial. Ese silencio mata a las familias, porque no saben si los muchachos están vivos o muertos”, advierte un representante de una ONG de derechos humanos.
Las madres y hermanos de los desaparecidos siguen buscando en hospitales, cárceles y dependencias policiales. Algunas han acudido a foros públicos, otras han enviado cartas a diputados y a instituciones internacionales.
“Quiero que me digan dónde está mi hijo. Si cometió un delito, que lo juzguen, pero que no lo escondan. No saber nada es la peor tortura”, dice la madre de José Osmín Santos, deportado el 10 de abril.
El caso abre un debate sobre la responsabilidad del Estado salvadoreño en el manejo de las deportaciones y la obligación de informar sobre cualquier persona bajo custodia.
Si la CIDH otorga las medidas cautelares, el gobierno de Nayib Bukele tendría que rendir cuentas de manera urgente, garantizar acceso a abogados, visitas familiares y atención médica.
Mientras tanto, la angustia crece. “No vamos a descansar hasta encontrarlos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, repiten las familias, convirtiendo su búsqueda en un clamor colectivo contra la desaparición.
