Por Mauricio Eduardo Colorado.-El Salvador, como muchos países del globo, tiene cientos de problemas institucionales que mantienen a los habitantes en una permanente situación de angustia y aprehensión, que consciente o inconscientemente mantiene a la población bajo un permanente estrés, al que se unen a diario todas las realidades que el diario vivir le imponen para conseguir el sustento diario.
Los políticos, – por lo menos una gran mayoría de ellos- viven como veletas, esperando las indicaciones de la dirigencia para actuar de tal o cual manera. Las discusiones o reflexiones de ellos sobre los grandes problemas del país se plantean a diario, y las soluciones se escapan por rendijas invisibles que de alguna forma hacen que los beneficiarios de las mil propuestas no lleguen a puerto seguro.
De todos los sectores políticos se reciben soberbias propuestas para solucionar la multitud de problemas que aquejan a los salvadoreños, pero por lo general los resultados de las gestiones de los funcionarios cuya obligación es atender y solucionar las necesidades sociales de la población caen en saco roto.
Los innumerables viajes que realizan los mandatarios del pueblo, generalmente nada positivo traen a los habitantes de nuestro terruño, que dicho sea de paso se ahogan en el mar de criminalidad que las pandillas han creado en todo el territorio nacional.
Quienes estudian el ambiente social que se vive en nuestro país concluyen que gran parte del caos que vivimos quienes acá habitamos señalan como responsables de tan grave situación a quienes en determinado momento expusieron sus gritos en defensa de los derechos humanos para quienes no respetaban esos mismos derechos y de esa forma sometieron a la población a sus leyes e imposiciones.
Las reglas de convivencia sociales y religiosas, han sido ignoradas, bajo pena de muerte, llegándose al colmo de que se sostiene que quienes determinan quien vive o quien muere, se encuentran encarcelados, pero pese a tal circunstancia, conservan el poder real sobre la población.
La realidad es que pese a que la autoridad hace esfuerzos por superar esta difícil situación, los resultados dan la apariencia de que no están funcionando. Ciertamente hemos tenido personas que de buena (o mala) fé, han logrado eliminar en nuestra constitución la pena de muerte, que hoy claman muchos como la necesaria solución de la grave situación a la criminalidad desbordada por toda la nación.
Tan grave es el problema que el mismo presidente de los Estados Unidos ha declarado la guerra a las pandillas que campean en aquella gran nación como azote de aquella sociedad del primer mundo, que también sufre del látigo de los antisociales migrantes hacia aquel gran país. Por otro lado, lo que pareciera que los países desarrollados pueden traer a estos lares tercermundistas, no siempre es lo óptimo para los que acá residimos.
Ejemplo la insistencia de las Naciones Unidas en imponer el aborto como derecho humano (de quien nos preguntamos: ¿de la víctima o del asesino?) y que por lo tanto hay que despenalizarlo. Definitivamente que andamos mal, porque en la vecina Guatemala, lo que inició como una gran ayuda contra la corrupción, la instalación de la CICIG, ahora pareciera que se ha convertido,- o por lo menos pretende convertirse- en un Superpoder con autoridad incluso sobre las máximas autoridades de la nación, o sea con más mando que los tres poderes del estado. Esperamos que El Salvador logre librarse de esta ahogante situación sin llegar a un estado de derramamiento de sangre inconmensurable, como solución final. Todos los sectores están en la obligación de concurrir a buscar y lograr la solución de este mal que nos lleva a la destrucción social.
