El exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC), Francisco Ramón Salinas, declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR) que el actual Superintendente Financiero, José Ricardo Perdomo, habría financiado los gastos de alquiler de uno o varios locales para que funcionara la tregua cuando se desempeñó como director de la OIE.
La OIE es un organismo del Estado que depende totalmente de la presidencia de la República por lo que cualquier cosa que hiciera Perdomo o quien fuera el director de turno, debía contar con el aval o ser ordenado por el expresidente Mauricio Funes.
Salinas aseguró en calidad de testigo que Perdomo, cuando era director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), se ofreció a pagar el alquiler de un local para que Mijango realizara sus actividades como mediador de la tregua, llamada entonces “Proceso de Pacificación”.
Según la acusación fiscal, Salinas afirmó que en una reunión con el gabinete de Seguridad, presidido por el entonces ministro de Seguridad, David Munguía Payés, Perdomo se ofreció para “apoyar el proceso de tregua facilitando el gasto para alquilar local para oficina para Raúl Mijango”.
La Fiscalía señala a Raúl Mijango como uno de los principales mediadores de la tregua con pandillas durante la gestión presidencial de Mauricio Funes Cartagena, en la que se les ofrecía “beneficios” a cambio de reducir la cifra de homicidios.
El General Salinas asegura que esa información la verificó cuando tuvo a su cargo la dirección de la OIE en sustitución del mismo Perdomo, donde encontró documentación donde constaba que Perdomo apoyaba la tregua.
En ese periodo, Salinas encontró documentación referida con el alquiler de una vivienda, pero debido a que los gastos del OIE dependen de la Casa Presidencial (Capres), no logró establecer el monto de los gastos de arrendamiento del local y tampoco la dirección de la misma.
Mijango era el supuesto representante de la sociedad civil designado para mediar el proceso de negociación con pandilleros reclusos en diferentes centros penales y para ello, personas que fungían como funcionarios públicos mostraron su apoyo aportando, en algunos casos, fondos del Estado para financiar las actividades mediadoras.
En su dictamen de acusación, la Fiscalía asegura que la actividad de Mijango fue patrocinada con fondos estatales, incluidos los fondos del OIE. “Dotándoseles de vehículo, combustible y la posibilidad que (a Mijango) se le haya financiado el pago de local o vivienda en la cual llegó a establecer la oficina, en la cual atendía las actividades referidas al proceso de pacificación”, dice el documento.
Salinas Rivera dijo asimismo que durante el proceso de negociación se hizo una recolección de armas destinadas para los pandilleros involucrados en la denominada tregua. Esa recolección, según él, se hacía con vehículos de la OIE, precisamente cuando el director del organismo era Perdomo pero aclaró que desconocía la coordinación que se realizaba para ese fin.
A pesar de tener participación en el proceso de tregua y de ser uno de los funcionarios que, supuestamente, destinó fondos para apoyar a Raúl Mijango, Ricardo Perdomo no ha sido acusado por el Ministerio Público por su participación en la tregua de pandillas durante el 2012.
La jueza que lleva el caso suspendió la audiencia el lunes y será hasta el martes en horas de la mañana que reanude la misma.
La Fiscalía ha solicitado que los acusados sean enviados a la última fase del proceso judicial mientras que la defensa ha solicitado sobreseimiento definitivo para los 21 imputados que están siendo juzgados.
