Por Diariolatino.net.- Como “graves implicaciones para la libertad de prensa”, calificó este jueves el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, Jorge Canahuat, las reformas al Código Procesal Penal de El Salvador aprobadas por la Asamblea Legislativa el pasado martes 1 de febrero.
La SIP emitió este jueves un comunicado de prensa donde asegura que dichas reformas son “medidas de represalia oficial contra el periodismo”. En su comunicado, la Sociedad Interamericana de Prensa condenó las reformas al Código Procesal Penal en las que la figura del “agente encubierto digital”, asegurando que estas conllevan graves implicaciones contra la libertad de prensa, incluyendo la legalización del “espionaje digital” contra periodistas.
El pasado 1 de febrero, la mayoría oficialista en la Asamblea, aprobó cinco reformas legales para combatir los delitos informáticos. Entre ellas, está la autorización para la Fiscalía General de la República de hacer “operaciones encubiertas digitales que resulten necesarias”, sin la orden de un juez.
“Con el antecedente reciente de ciber espionaje contra más de 30 periodistas y medios salvadoreños, preocupan que estas medidas puedan ser utilizadas por el gobierno de forma arbitraria con el ánimo de vigilar y amordazar el trabajo de la prensa” dice el comunicado de la SIP.
Las reformas también autorizan a la Policía Nacional Civil (PNC) de buscar “evidencia digital” en páginas de Internet, por medio de programas informáticos y la Fiscalía podrá pedir medidas cautelares de restricción, bloqueo de cuentas, perfil o sitios de Internet, afirma la gramal de periodistas más grande de Latinoamérica
Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, advirtió que estas medidas legalizan, en la práctica, el uso de programas de espionaje como Pegasus, que ya se utilizó contra al menos 30 periodistas en el país.
“Consideramos que estas medidas que legalizan el espionaje digital ponen en peligro al periodismo investigativo y la confidencialidad de sus fuentes, lo que irá en detrimento del derecho del público a saber” dijo Jornet.
Diputados oficialistas y de partidos aliados sostienen que las operaciones encubiertas se usarán solo cuando haya investigaciones de delitos informáticos y que no serán para espionaje, como lo advierte la oposición
La SIP respondió citando la Declaración de Salta, Argentina, manifestando que “ninguna medidas de vigilancia digital debería violar principios sobre libertad de prensa ni derechos humanos.
“Las autoridades no deben utilizar mecanismos de vigilancia digital para vulnerar las libertades y la privacidad de los ciudadanos, salvo en casos en que se persiga un fin legítimo acorde a lo establecido en las convenciones sobre derechos humanos. La vigilancia masiva no es aceptable en ningún caso”. Dice la Declaración de Salta.
