La descalificación que nace de los propios Jefes de Estado y se masifica a través de las redes sociales en países como El Salvador, así como el uso de normas penales y demandas millonarias en contra de medios y periodistas, es motivo de preocupación de la SIP.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó de que en varios países del continente americano «tanto ayer como hoy la libertad de prensa continúa bajo amenaza» y requiere de una vigilancia permanente.
En el documento con las conclusiones de la 75 Asamblea General de este organismo regional, que finalizó el lunes, la SIP pone de relieve que que se agrava la estigmatización a medios y periodistas en El Salvador, Brasil, Guatemala, México, Nicaragua y Estados Unidos, donde la «descalificación nace de los propios Jefes de Estado y se masifica a través de las redes sociales».
«En materia legal y judicial, continúan las restricciones al ejercicio del periodismo. El uso de normas penales y demandas millonarias en contra de medios y periodistas se presenta en Colombia, El Salvador, Panamá y Perú», se lee en el documento.
La 75 Asamblea General del organismo regional lamenta que en Argentina se haya procesado al periodista Daniel Santoro en una decisión judicial que ha levantado preocupación en diversas organizaciones, ya que consideran «criminaliza el ejercicio del periodismo y desconoce el principio consagrado de la protección del secreto de las fuentes».
Asimismo la Asamblea denunció que desde abril pasado y en el que ha sido un «semestre particularmente funesto» han sido asesinados 13 periodistas, siete de ellos en México.
Los otros asesinatos han ocurrido en Brasil (2), Colombia (2), Haití (1) y Honduras (1), datos que «evidencia un repunte en el nivel de agresiones y amenazas», en especial en Cuba, México, Nicaragua y Venezuela, según el documento, que resalta que en esos países se «registran las mayores agresiones y violaciones a la libertad de prensa y expresión».
La SIP resalta que se incrementaron los ataques físicos contra los hombres de prensa mientras ejercen su función, las confiscaciones de equipos y los arrestos injustificados.
Las conclusiones de la 75 Asamblea General de la SIP pone de relieve el caso del periodista cubano Roberto de Jesús Quiñones Haces, del portal Cubanet, condenado a un año de prisión, como un ejemplo de la situación en la isla caribeña, donde la «cárcel para periodistas vuelve a ser una realidad» y además se han bloqueado más de una veintena de medios digitales.
El caso de Nicaragua generó una «indignación general» en la asamblea de este año, que desde el viernes pasado se celebra en un hotel de Coral Gables, en el sur de Florida (EEUU).
«Medios confiscados, periodistas perseguidos y otros amenazados, además del bloqueo en aduanas de insumos para los diarios», destaca la SIP, que al mismo tiempo saludó la puesta en libertad de los periodistas Lucía Pineda y Hugo Mora al cabo de seis meses de permanecer en prisión y tras la llegada de una misión de la SIP.
«En Venezuela la libertad de prensa continúa en franco deterioro», señala la SIP en las conclusiones de este año.
El documento señala que en el país latinoamericano hay «un ambiente de extrema precariedad para ejercer la profesión», disparado en gran medida por la desaparición de periodistas, otros «injustamente condenados por Tribunales Militares», además de amenazas y agresiones.
Las conclusiones de la asamblea resalta como positivo que el pasado 30 de septiembre el Estado colombiano aceptara «responsabilidad pública por la falta de resultados en el caso del periodista Gerardo Bedoya», lo que supuso un acuerdo amistoso tras la larga batalla que lideró el organismo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En una entrevista con Efe, la presidenta saliente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), María Elvira Domínguez, dijo la semana pasada que era «maravilloso» que gracias a los esfuerzos realizados por la SIP durante años, en 2019 el Estado colombiano reconociera su responsabilidad en los asesinatos de los periodistas Nelson Carvajal (1998) y Gerardo Bedoya (1997).
Aseveró que aquello constituyó una suerte de petición de «perdón» a las familias, incluso aunque no sea «una justicia plena», pues ambos crímenes no se han esclarecido ni, por tanto, se ha castigado a los autores.
El documento enfatizó por último «la importancia de tener una herramienta para medir la evolución de la libertad de prensa», como se pretende con el Índice de Chapultepec, una iniciativa de la SIP y la Universidad Andrés Bello de Venezuela para medir anualmente en cada país si hay restricciones legales o jurídicas a este principio.
Con información de EFE
