Siempre todo se trató sobre el petróleo
Por Luis Vazquez-BeckerS
Durante meses, Washington vendió la operación contra Nicolás Maduro con el lenguaje de la justicia: narcoterrorismo, narcotráfico, cargos federales, un dictador que debía responder ante la ley. El 3 de enero de 2026, cuando el Ejército estadounidense lo capturó y lo trasladó a Nueva York para enfrentar esos cargos, el relato oficial fue el de una victoria de la justicia internacional sobre el crimen organizado. Ocho meses después, el desenlace de esa historia tiene un nombre mucho menos solemne: 65,000 millones de barriles de petróleo.
El viernes, Donald Trump anunció en Truth Social lo que llamó “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”: control estadounidense mayoritario sobre 17 campos petroleros venezolanos, una participación efectiva del 55% en una nueva empresa conjunta que —según un funcionario de la Casa Blanca citado por CNN— se convertirá en la segunda petrolera privada más grande del mundo por volumen de reservas. Concesiones por 100 años. Más del doble de las reservas probadas de Estados Unidos, que cerraron 2023 en 46,400 millones de barriles según la propia Administración de Información Energética estadounidense. Todo esto, negociado con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta que asumió el poder tras la caída de Maduro y que gobierna, sin demasiado eufemismo, “bajo los lineamientos de Washington”.
Conviene releer las propias palabras de Trump para entender que esto no es una interpretación forzada de los hechos, sino una confesión explícita. El 4 de enero, un día después de la captura de Maduro, ante un grupo de periodistas, el presidente estadounidense fue directo: “Necesitamos acceso al petróleo y a otras cosas de su país que nos permitan reconstruir su país”. No dijo que necesitaban justicia. No dijo que necesitaban democracia. Dijo petróleo. El 6 de enero, apenas tres días después de la captura, Venezuela ya anunciaba la entrega de entre 30 y 50 millones de barriles a Estados Unidos. La secuencia es demasiado rápida, demasiado ordenada, para tratarse de una coincidencia entre un operativo judicial y un negocio energético que simplemente sucedió después.
El contexto interno estadounidense termina de cerrar el círculo. Trump enfrenta presión política por los altos precios de la gasolina. Las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos cayeron por debajo de los 300 millones de barriles a inicios de agosto, una caída de más de 100 millones de barriles desde comienzos de 2026, en momentos en que la guerra en Irán —sin resolución a la vista tras seis meses— sigue presionando los mercados energéticos globales. Estados Unidos no tenía un problema con la democracia venezolana. Tenía un problema de suministro, y Venezuela tiene, por amplio margen, las mayores reservas petroleras probadas del planeta.
El lenguaje con el que la Casa Blanca ha empaquetado el acuerdo confirma la lectura. El secretario de Estado, Marco Rubio, lo llamó “una enorme victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano”, y prometió que generará cerca de 100,000 millones de dólares en inversión privada y “miles de empleos bien remunerados” para la reconstrucción venezolana. Es el mismo libreto retórico que Estados Unidos ha usado durante más de un siglo en América Latina: se llega en nombre de la libertad, se documentan los abusos del tirano de turno, se derroca al régimen, y al final, entre líneas de comunicados sobre “reconstrucción” y “renacimiento económico”, queda el contrato firmado con las petroleras. Trump mismo lo dijo sin adornos el día de la captura de Maduro: iban a hacer que “nuestras muy grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares” y “comiencen a generar dinero para el país”. ¿Para cuál país, cabría preguntarse con honestidad?
Nada de esto exige creer que Maduro era inocente, ni que su régimen no merecía consecuencias por años de autoritarismo, represión y corrupción documentada por múltiples organismos internacionales. El punto no es defender al derrocado, sino examinar con ojo crítico al que llega después, sobre todo cuando ese “después” se traduce, en menos de nueve meses, en un contrato de 100 años sobre los yacimientos más valiosos del hemisferio. Cuando el discurso humanitario y judicial se disuelve tan pulcramente en un anuncio bursátil sobre reservas de crudo, la pregunta que corresponde hacerse no es si Estados Unidos tenía razones legítimas para actuar contra Maduro —probablemente las tenía—, sino cuál de esas razones fue, en realidad, la que movió la maquinaria: la ley, o el barril.
La respuesta, a la luz de los hechos, parece cada vez más difícil de disputar: siempre, en el fondo, todo se trató sobre el petróleo.
Nota editorial: es justo reconocer la otra cara de este debate, que sectores oficialistas estadounidenses y venezolanos han planteado con igual insistencia. La Casa Blanca sostiene que el acuerdo no es una imposición sino una negociación bilateral que beneficia a ambas partes: para Venezuela, representa —según cifras de Rubio— cerca de 100,000 millones de dólares en inversión privada para reconstruir una infraestructura petrolera “gravemente deteriorada” tras años de sanciones y mala gestión estatal, además de empleo formal en un país con la economía colapsada. Delcy Rodríguez ha calificado el pacto como “el renacimiento” de la economía venezolana, y funcionarios estadounidenses argumentan que sin capital y tecnología extranjera —principalmente de Chevron y otras petroleras— los yacimientos venezolanos seguirían subexplotados e improductivos, sin beneficiar ni a Washington ni a Caracas. Bajo esa lectura, el petróleo no sería la motivación oculta detrás de una intervención encubierta, sino la consecuencia lógica y mutuamente conveniente de la caída de un régimen que había hundido al país que, precisamente, se sienta sobre las mayores reservas probadas del mundo.
