Sentencia de juez en EE.UU podría protejer a salvadoreños con TPS
La jueza federal Trina L. Thompson, del Tribunal de Distrito en San Francisco, emitió a finales de diciembre una resolución que considera ilegal la decisión de la administración Trump de terminar ciertos programas de Temporary Protected Status (TPS) para migrantes de varios países centroamericanos, aunque el caso no incluye directamente al TPS salvadoreño actual.
Aunque la sentencia se centró en Honduras, Nicaragua y Nepal, su impacto indirecto alcanza a El Salvador por varias razones:
1. Precedente judicial para programas de protección migratoria
La decisión de la jueza Thompson sostiene que la administración no cumplió los requisitos legales al intentar eliminar el TPS sin una evaluación objetiva de las condiciones en los países de origen ni el debido proceso administrativo exigido por la ley estadounidense.
Este fallo crea un precedente legal importante porque refuerza que las terminaciones de TPS pueden ser impugnadas en tribunales si no se siguen procedimientos claros. Para los salvadoreños beneficiarios actuales, esto puede fortalecer futuras demandas o recursos legales si la administración intenta terminar el TPS de El Salvador sin respetar esos mismos requisitos.
2. El TPS salvadoreño sigue vigente por ahora, pero con incertidumbre
El Estatus de Protección Temporal para El Salvador fue extendido y revalidado en 2025, permitiendo que miles de salvadoreños residan y trabajen legalmente en EE.UU.
Sin embargo, hay datos que muestran que, incluso antes de la reciente resolución, el volumen de reinscripciones salvadoreñas había caído considerablemente en 2025, con solo 715 aprobaciones de reinscripción en un trimestre, lo que indica una política más restrictiva de Estados Unidos hacia el TPS en general.
La resolución de Thompson y su énfasis en la obligación de considerar objetivamente las condiciones de los países de origen refuerzan la protección temporal existente, pues apunta al debido proceso como requisito indispensable para cualquier cambio —lo que incluye a El Salvador si en algún momento se busca revisar o terminar su TPS.
3. Protección frente a deportaciones y estabilidad comunitaria
El TPS no solo protege de la deportación, sino que permite acceso a permisos de trabajo, educación formal y movilidad económica legal. Si la administración estadounidense intentara terminar el TPS salvadoreño sin cumplir con los estándares procesales que señaló la jueza, la resolución puede ser utilizada como base legal para defender a los migrantes.
Esto es relevante para comunidades salvadoreñas que llevan años trabajando y aportando en Estados Unidos, y que podrían enfrentar dificultades enormes si pierden protecciones sin advertencia ni procedimientos justos.
4. Entorno político y migratorio más amplio
La resolución también se da en un contexto donde la administración Trump ha intentado reducir programas de protección migratoria y aumentar deportaciones. Si bien esa política afecta de forma más palpable a países como Venezuela, Haití o incluso a salvadoreños con TPS, el fallo de Thompson pone límites judiciales a decisiones que carezcan de análisis adecuado o que puedan interpretarse como discriminatorias en su aplicación.
Conclusión: tranquilidad con cautela
Para El Salvador, la resolución de la jueza Thompson no cambia de inmediato la situación del TPS salvadoreño, que sigue activo y vigente.
Pero sí fortalece las garantías legales que protegen ese estatus frente a intentos futuros de revocación por parte de la administración estadounidense. Además, la sentencia ofrece una herramienta jurídica adicional para salvadoreños y defensores de derechos humanos si llegara el momento en que se dispute nuevamente el programa.
En un clima migratorio de alta tensión en Estados Unidos, esta decisión judicial se convierte en un mensaje de equilibrio entre políticas migratorias restrictivas y el respeto al debido proceso, algo que beneficia indirectamente a ciudadanos salvadoreños bajo TPS y comunidades migrantes en general.
