Congresistas demócratas y republicanos condenaron este martes la decisión ejecutiva de la Casa Blanca que puso fin al beneficio del TPS para 5.000 nicaraguenses y urgieron encontrar una solución permanente al estatus migratorio temporal conocido como TPS por sus siglas en inglés.
Los legisladores se pronunciaron un día después de que el gobierno del presidente Donald Trump anulara el beneficio para 5.000 nicaraguenses y postergara hasta julio una decisión definitiva para 586 hondureños residentes en Estados Unidos desde hace casi dos décadas.
El senador Menéndez, aseguró a los medios de comunicación que “va a estar involucrado en cualquier esfuerzo para salvar a los dreamers”. ““Voy luchar hasta que la Casa Blanca cese sus ataques contra familias inmigrantes” dijo Menéndez.
El 60% de los casi 300.000 beneficiarios del TPS son salvadoreños, el 18 % hondureño, el 15 % haitiano y el 7 % proviene de otros países.
Los legisladores estadounidenses agregaron también su preocupación por el hecho de que si no se una solución al problema, los Estados Unidos podrán perder en cosa de diez años al menos 164,000 millones de dólares de su producto interior bruto (PIB) debido a la fuerzas laboral que tendría que viajar a sus países de origen.
Estos cientos de miles de personas, de El Salvador, Honduras y Haití, se verían afectadas por la política migratoria del presidente Donald Trump.
“Las vidas de miles de personas trabajadoras y respetuosas de la ley que contribuyen cada día a Estados Unidos serán lanzados al peligro e inestabilidad legal”, dijo la jefa de la bancada demócrata en la cámara baja, Nancy Pelosi.
“Si la Casa Blanca rehúsa proteger a personas vulnerables y mantener a las familias intactas, el Congreso debe sancionar una solución permanente y bipartidista”, agregó.
El presidente de la cámara baja, Paul Ryan, rehusó el martes comentar sobre la decisión anunciada la víspera por la secretaria interina de seguridad nacional, Elaine Duke, alegando que no la había analizado en profundidad.
El departamento de seguridad nacional dijo que Duke exhortó al Congreso a promulgar una solución definitiva al programa temporal. Algunos congresistas republicanos del sur de Florida se sumaron a las críticas.
Mario Díaz-Balart dijo que la decisión le provocó un “dolor profundo” y exhortó al gobierno a “reconsiderar seriamente” la decisión sobre los nicaragüenses.
Carlos Curbelo señaló que las extensiones de corto plazo para los beneficiarios del TPS han creado incertidumbre para ellos, sus patronos y vecinos. “El Congreso tiene la oportunidad de cambiar eso”, indicó.
Curbelo presentó la semana pasada un proyecto de ley bipartidista que busca conceder la residencia permanente a los nicaragüenses, hondureños, salvadoreños y haitianos que hayan llegado a Estados Unidos y recibido el TPS antes de enero de 2011.
La representante demócrata por Nueva York, Nydia Velázquez, calificó la medida como “una decisión cruel que separará familias y causará daño a algunos de nuestros vecinos más vulnerables”. Agregó que peleará a favor de una propuesta de ley que ella presentó la semana pasada, según la cual aquellos beneficiarios de TPS durante más de tres años podrían optar por la naturalización sin salir del país.
La protección migratoria temporal actualmente incluye a 435,000 nacionales de nueve países afectados por conflictos o desastres naturales, que residían en Estados Unidos –de manera legal o ilegal– en el momento en que sus países recibieron la designación. Si bien el estatus fue concebido como una solución temporal, fue renovado durante los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama por temor de que esos países no pudieran acoger a tanta gente.
Desde que llegó a la Casa Blanca, el gobierno de Trump eliminó la protección para Sudán y concedió a 60,000 haitianos una extensión de sólo seis meses y no los 18 habituales desde el devastador terremoto de 2010.
