-Segunda entrega- El gran acreedor invisible: cómo los fondos de pensiones terminaron financiando al Estado
Uno de los mayores acreedores del Estado salvadoreño no es un banco internacional ni un organismo financiero extranjero.
Son los propios trabajadores.
Una parte importante de la deuda pública del país está financiada con los ahorros de jubilación administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Actualmente, la deuda previsional supera los 11 mil millones de dólares, lo que representa aproximadamente un tercio de toda la deuda pública nacional.
El origen del problema
La raíz de esta situación se encuentra en la reforma previsional implementada en 1998.
Antes de ese año, El Salvador operaba bajo un sistema público de reparto, en el cual las cotizaciones de los trabajadores activos financiaban las pensiones de los jubilados.
La reforma creó un sistema de capitalización individual administrado por las AFP.
Pero el Estado siguió teniendo la obligación de pagar las pensiones del sistema anterior.
Esto generó lo que los economistas llaman déficit de transición previsional.
El Estado debía pagar pensiones, pero ya no recibía las cotizaciones que antes financiaban esas obligaciones.
La solución adoptada
Para cubrir ese déficit, el gobierno comenzó a emitir instrumentos de deuda que son comprados por los fondos de pensiones.
En términos simples:
- el Estado utiliza los ahorros de los trabajadores
- promete devolver ese dinero con intereses en el futuro.
Este mecanismo ha permitido financiar déficits fiscales durante décadas, pero también ha generado un crecimiento constante de la deuda previsional.
Un debate abierto
Economistas y organismos internacionales coinciden en que el sistema enfrenta desafíos importantes.
Entre ellos:
- el envejecimiento de la población
- el crecimiento de las obligaciones del Estado
- el uso recurrente de los fondos de pensiones para financiar gasto público.
El resultado es que los ahorros destinados a la jubilación se han convertido en una de las principales fuentes de financiamiento del Estado salvadoreño.
