El director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Jorge Arriaza, dijo en rueda de prensa que el grupo empresarial que dirige es de la opinión que la posibilidad de que Nayib Bukele se reelija está avalada por una resolución de la Sala de lo Constitucional que es ley de la República y debe cumplirse.
En este caso hay una resolución de la Sala de lo Constitucional que es ley de la República y por lo tanto debe cumplirse, además debe hacerse del cumplimento de las instancias de Gobierno correspondientes, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral u otras instituciones, aseveró.
La mencionada decisión, que data de septiembre de 2021, especifica que el presidente puede presentarse nuevamente como candidato a la reelección y que es opción del pueblo apoyarlo o no.
Mientras, sectores de la oposición de izquierda y de derecha apuntan sus armas contra el gobierno por considerar que es una acción anticonstitucional para perpetuarse en el poder e incluso, califican el intento de plan para establecer una tiranía.
Además, a la controversia se sumaron voces del exterior y un grupo de expresidentes de 11 países de Iberoamérica que rechazaron el plan de Bukele de buscar la reelección continua en 2024.
Una declaración de la diáspora salvadoreña en Canadá, integrada por cerca de 51 mil personas, manifestó su oposición al intento del presidente de mantenerse en la Casa de gobierno en 2024 por otro periodo consecutivo.
Aun cuando le dieron el beneficio de la duda al mandatario al iniciar su gobierno, este no tardó en demostrar sus verdaderas intenciones al tener una agenda escondida que muy pronto fue mostrando, precisó el documento.
“Demás está decir cómo Bukele fue destruyendo la joven democracia del país que tanto muertos costó», añadieron los salvadoreños residentes en Canadá.
Nosotros nos sentimos ofendidos por la declaración del gobernante de que la verdadera independencia la inició él hace tres años, dijeron.
Consideramos, agregaron, que el mandato del actual presidente debe terminar en 2024 y la misma Constitución estipula responsabilidades penales para quien intente transgredir lo establecido.
La violación de esa norma, puntualizaron, obliga a la insurrección. En el exterior viven cerca de tres millones de salvadoreños, muchos de los cuales tienen derecho al voto y podrían ser un factor decisivo en los comicios de 2024.
