La procuradora de los Derechos Humanos de El Salvador, Raquel Caballero, pidió a las autoridades de Seguridad protección para los familiares y personas vinculadas a una bebé que fue secuestrada por pandilleros y rescatada el sábado por la Policía.
“Requiero a las autoridades estatales generar acciones de protección a cada una de las familias de las víctimas” para “evitar situaciones de vulnerabilidad”, dijo Caballero en un pronunciamiento público.
La petición de Caballero se da tras el asesinato de la mujer que cuidó a la menor a petición de los secuestradores, solo horas después de que la Policía y la Fiscalía rescataran a la niña en Apopa.
“Sea por omisión o negligencia, lo cierto es que nuestras autoridades no supieron adoptar las medidas mínimas necesarias” para prevenir el crimen, acotó la procuradora.
La ombudsman mostró, además, su “pesar e indignación” ante el asesinato de la madre y tía de la bebé, identificadas como Diana Lisbeth Lemus García y Yamileth M., de 21 y 7 años de edad, respectivamente, quienes recibieron un tiro en la cabeza antes del secuestro de la bebé.
Caballero llamó a los salvadoreños a “unir esfuerzos en la construcción de un país más justo y respetuoso de los derechos humanos, generando condiciones para la consolidación de una cultura de paz y bienestar”.
De acuerdo con las autoridades, las dos hermanas fueron asesinadas por miembros del Barrio 18 y la cuidadora de la bebé posiblemente fue ejecutada por miembros de la Mara Salvatrucha (MS13), dado que el rescate se dio en una zona controlada por esta estructura.
Por los primeros dos homicidios son buscados José Filadelfo Pérez López, con alías Jocker, y Osvaldo Coronado Ramírez, conocido como Gato, ambos miembros del Barrio 18 y supuestos “autores materiales” del crimen.
Un total de 524 mujeres fueron asesinadas en el 2016 y de estas al menos 41 murieron a manos de pandilleros de las facciones Revolucionarios y Sureños del Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS13).
De las 524 mujeres, 87 eran pandilleras y 437 no lo eran pero tenían vínculos con las estructuras, a las que el Gobierno responsabiliza de la mayoría de los homicidios en el país, de acuerdo con información oficial.
