LA LIBERTAD.- LN. Nueva polémica alrededor de uno de los negocios de Salume, en esta ocasión se trata de la empresa PULSEM que administra el botadero municipal ubicado en el Puerto de La Libertad, en virtud que la Corte de Cuentas de la República (CCR) ha confirmado un manejo irregular en las finanzas de la mencionada Sociedad de Economía Mixta que ha producido un perjuicio patrimonial al socio minoritario, quien es la Alcaldía del Puerto de La Libertad.
De acuerdo a la resolución obtenida que fue notificada a la municipalidad, se detectó un hallazgo consistente en una presunta administración fraudulenta cometida por la Junta Directiva de la compañía, el cual fue ubicado mientras se realizaba el Examen Especial referente a los libros y registros de la Sociedad Gestión Integral de Desechos: Ciudad y Puerto de La Libertad, S.EM. DE C.V. (conocida como PULSEM) correspondiente al período entre el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2018.
La administración fraudulenta en que presuntamente habría incurrido la Junta Directiva fue advertida por el equipo de auditoría de la CCR, al examinar las cuentas de los ingresos, costos y gastos realizados de los años 2015, 2016, 2017 y 2018, los auditores verificaron que la administración no contaba con la documentación de respaldo reflejada en los Estados Financieros.
Adicionalmente los auditores hacen constar que al no encontrar la información contable fueron solicitados en ejercicio de sus atribuciones al presidente y representante legal de PULSEM, que de acuerdo a la credencial vigente de Junta Directiva de la citada empresa es Nicolás Adriano Salume; sin embargo, no fueron proporcionados al equipo de auditoría.
Para la contraloría pública la incorporación de costos y gastos no respaldados que realizó la Junta Directiva de PULSEM impactaron negativamente los aportes y beneficios del socio público (municipalidad del Puerto de La Libertad); esto significa una afectación de los fondos públicos destinados para cumplir el fin de una adecuada gestión de la basura, de manera que los
habitantes del municipio se han visto despojado de esa suma.
Como consecuencia de los incumplimientos a obligaciones administrativas, contables y financieras de la Sociedad de Economía Mixta, la institución contralora después de cubrir el debido proceso impuso la condena patrimonial por el monto de $1,183,757.54 dólares a los siguientes directores de la Junta Directiva de PULSEM: Nicolás Adriano Salume (presidente); René Fernando Colón (secretario); Rafael Arturo Colón Villalta (1er vocal) y Luis Elías Botto (2do vocal)
El caso ya ha sido certificado a la Fiscalía General de la República (FGR), que tendrá que realizar todos los procedimientos legales necesarios para garantizar que los condenados cumplan con el pago que en concepto de reparación patrimonial les ha sido impuesta a los previamente mencionados; pero también podrá verificar de oficio o a petición de la municipalidad del Puerto de La Libertad, si los directores de PULSEM cometieron otros delitos como Administración Fraudulenta o Falsedad Ideológica, al superponer costos y gastos que carecen de respaldos documentales.
Anteriormente, también otras autoridades, para el caso el juez Ambiental de Santa Tecla, han certificado a Fiscalía el cometimiento de otras conductas presuntamente delictivas, como lo fue el delito de Desobediencia de Particulares, contra Salume, por haber incumplido una orden que le impedía recibir en total de todos sus clientes una cantidad superior a 500 toneladas de basura diariamente.
Existencia de señalamientos previos por contratos irregulares con alcaldías.
El historial de señalamientos de PULSEM, con relación a posibles contratos ilícitos o al menos irregulares no es para nada nuevo; inclusive la CCR condenó a la municipalidad de Santa Tecla por haber formalizado contrato con esa compañía a pesar de contar durante los años 2017 y 2018 solamente con un permiso de funcionamiento del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), para tratar unas 42 toneladas de basura a diario (solamente el municipio de Santa Tecla, requería disponer unas 180 toneladas de basura diariamente durante ese período) Prácticas fraudulentas en procesos de licitación.
De igual manera recientemente el abogado ambientalista, Edgar Lemus, además de informar que la Cámara Ambiental había anulado la decisión por la cual el exjuez ambiental interino de Santa Tecla, dándole el derecho de reclamar una reparación por los daños ambientales ocasionados por la empresa PULSEM, también destacó que existe documentación que confirma que la compañía de Salume mintió al menos en dos licitaciones ante la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), al declarar bajo juramento que contaba con permiso de funcionamiento para brindar los servicios ofertados; sin embargo, en ese momento solo contaba con el permiso para disponer y dar tratamiento a 42 toneladas de basura a diario, por lo que esa situación al ser descubierta debió ser notificada por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones de CEPA, con la finalidad que se aperturase un procedimiento disciplinario contra la empresa de Salume, conforme los artículos 25 y 26 de la Ley de Contrataciones del Estado que traen como consecuencia la inhabilitación de la compañía de Salume hasta por cinco años en los que no podría contratar con el Estado.
