La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, rechazó de manera tajante la idea gubernamental de un plan para repatriar a 1.200 salvadoreños, cuando según informes de la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH, ha dicho que son casi 4.500 los compatriotas varados en el extranjero por el problema de la pandemia de coronavirus. De igual manera, la Sala calificó como “inadmisible” el plazo de cuatro meses que la cancillería se ha dado para llevar a cabo el procedimiento de repatriación.
En resolución de seguimiento, la Sala se refiere al informe del secretario jurídico de la Presidencia, Conan Tonathiú Castro, sobre el plan de repatriar a 1,200 salvadoreños cuando existe la posibilidad de que la cantidad de compatriotas que nesecitan ser atendidos sobrepasan los 4.500.
Según esa resolución, la Sala dice que se trata de un drama que los salvadoreños están viviendo desde que quedaron atrapados en los países en los que se encontraban debido al cierre de fronteras y han demandado más atención por parte del gobierno de Nayib Bukele.
El gobierno ha asegurado que está atendiendo este problema de los varados, que ha repatriado a más de 300 personas y se ha comprometido a traer a todos los compatriotas que están diseminados en 80 países.
La Sala que cualquier exclusión de ciudadanos es inconstitucional y que la repatriación debe incluir a todos los saladoreños que manifiesten su deseo de ser retornados al país. “diseñar un plan de repatriación solo para los salvadoreños que tenían previsto regresar antes del 17 de marzo de 2020 resulta inadmisible” dice la Sala.
En vista de lo anterior, la Sala reitera que además de que pretende preservar los derechos de los demandantes, también lo hará con los demás salvadoreños que no han podido regresar a causa de la emergencia, pues aunque hay “ciertos salvadoreños que previeron retornar al país en fechas más o menos distantes, no se deduce de ese simple hecho que deban ser excluidos del plan de repatriación”.
Las prevenciones de la Sala
La resolución, que fue notificada a las partes el 18 de mayo, le hizo varias prevenciones al gobierno, la primera de ellas consiste en que Cancillería debe mostrar datos exactos de las personas que serán repatriadas independientemente de la fecha que tenían previsto.
