Sala de lo Constitucional rechaza petición de la Asamblea Legislativa

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La Sala de lo Constitucional  de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó este miércoles la petición de la Asamblea Legislativa en la que pedía a los magistrados reconsiderar el fallo que declaró inconstitucionales a los diputados suplentes de la actual legislatura.

Los magistrados aseguran en su respuesta a la Asamblea Legislativa que los fallos de la Sala de lo Constitucional no admiten recursos de apelación. La resolución  ordena a los diputados suplentes cumplir con lo resuelto en el fallo que estableció que los diputados suplentes deben ser elegidos por la población.

El Magistrado Belarmino Jaime dijo que el nuevo fallo contó con la totalidad de los votos de los cinco magistrados por lo que fue “unánime”.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió el pasado 13 de julio que los diputados suplentes no accedieron al cargo por elección popular por lo que los declaró ilegales. Por extensión declaró que también la votación que aprobó la emisión de bonos por $900 millones y en la que participó un “suplente” sin estar facultado para ello, era ilegal.

La mañana de este miércoles, en sendas entrevistas de televisión, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña y el magistrado Edward Sidney Blanco, fijaron sus posiciones al respecto, una amenazando con no obedecer las resoluciones de la Sala y el otro tratando de esclarecer contenidos dudosos de la trascendental sentencia que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993.

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, dijo abiertamente que no se deben acatar sentencias de la Sala de lo Constitucional que según ella sean ilegales e ilegítimas.

El secretario general del FMLN, Medardo González, dijo que 55 de los “suplentes” que fueron declarados ilegales ya fueron contratados en otras áreas de la Asamblea Legislativa.

El magistrado  Sidney Blanco advirtió  que si la presidenta del Órgano Legislativo y los diputados se niegan a cumplir con la sentencia de la Sala podría actuar de oficio la Fiscalía General de la República para conocer del incumplimiento de deberes en los que estos incurrirían.

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