En una de sus últimas resoluciones, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que finaliza sus funciones el próximo domingo, admitió una demanda de amparo interpuesta por el Fiscal General Douglas Meléndez contra la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, que absolvió el pasado 23 de abril al diputado Reynaldo Cardoza por el delito de enriquecimiento ilícito.
El Fiscal Meléndez aseguró en su alegato de amparo que todos los funcionarios públicos deben ser investigados y no solo quienes hayan administrados bienes de la Hacienda Pública, tal y como fundamentó en la absolución la Sala de lo Civil.
“El Fiscal General manifestó en su demanda que la Sala de lo Civil concluyó que el juicio por enriquecimiento ilícito tiene como fundamento esencial que el funcionario o empleado público haya administrado bienes de la Hacienda Pública y que sea mediante esa administración que su patrimonio se haya incrementado de acuerdo a la fecha de toma de posesión del cargo y el cese del mismo. Así, solo en los casos de administración de bienes de la Hacienda Pública o Municipal por parte del funcionario o empleado público enriquecido puede instarse y ejercerse la acción de restitución por enriquecimiento sin justa causa”, detalla el documento.
Ante este argumento , “la Sala de lo Constitucional consideró que la demanda cumple con los requisitos para ser admitida y ordenó, que mientras se tramita el proceso de amparo, se suspenda la liberación de los bienes de los señores Reynaldo Antonio López Cardoza y Alma Yaneth Gutiérrez de López”, agrega.
El Ministerio Público pretende despojarle a Cardoza, 12 bienes, que según sus investigaciones, tienen origen ilícito y suman $240,000.
