Una investigación periodística ha puesto en el ojo del huracán al sub jefe de la fracción legislativa de Nuevas Ideas, el diputado Caleb Navarro, al revelar que ha adquirido propiedades valoradas en casi medio millón de dólares en los últimos meses. La noticia ha generado un intenso debate en las redes sociales y ha levantado cuestionamientos sobre el origen de los fondos, dada la trayectoria política y los ingresos conocidos del legislador.
La investigación, que fue publicada por un medio de comunicación independiente, documenta la compra de varios inmuebles en diferentes puntos del país, incluyendo terrenos y casas. Los documentos presentados en el reportaje muestran que las transacciones se han realizado en un corto período, lo que ha encendido las alarmas de analistas y de la oposición sobre una posible incongruencia entre el patrimonio del diputado y su capacidad económica como funcionario público.
El Cuestionamiento sobre el Origen de los Fondos
Según el reportaje, el valor total de las propiedades adquiridas por Navarro ascendería a cerca de 450,000 dólares. A pesar de que los diputados salvadoreños tienen un salario mensual que, con bonificaciones, supera los 3,000 dólares, una inversión de esta magnitud en un lapso tan corto ha llevado a la pregunta de si existen otras fuentes de ingresos no declaradas.
El diputado Caleb Navarro, quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa, ha sido un acérrimo defensor de las políticas del gobierno y de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, su reciente actividad inmobiliaria ha puesto en entredicho su propia postura y ha dado munición a sus detractores.
Reacciones en el Espectro Político
Hasta el momento, ni el diputado Navarro ni la bancada legislativa de Nuevas Ideas han emitido un comunicado oficial para aclarar la situación. El silencio del partido oficialista contrasta con la celeridad con la que se ha pronunciado sobre otros temas.
Por su parte, la oposición y organizaciones de la sociedad civil han exigido a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la República que inicien una investigación de oficio. Argumentan que la transparencia en el uso de fondos es un pilar fundamental para la democracia y que este tipo de denuncias no pueden quedar sin una respuesta clara.
La noticia ha encendido un debate sobre la importancia de la fiscalización de los funcionarios públicos y ha reabierto la discusión sobre los mecanismos de control que deben existir para prevenir el enriquecimiento ilícito en la política salvadoreña.
