La cifra de 1,000 días sin homicidios, que el Gobierno del presidente Nayib Bukele celebró porque lo considera un hito histórico, ha provocado, entre sus críticos, señalamientos de falta de transparencia.
El Gobierno ha declarado bajo reserva toda la información sobre homicidios y detenidos porque dice que divulgar más detalles pone en riesgo la seguridad nacional. Por lo tanto, las cifras no pueden ser verificadas de manera independiente.
Además, los críticos señalan que el manejo de estos datos no cumple con el protocolo de Bogotá, una referencia que surgió durante una conferencia sobre Calidad de Datos de Homicidio en América Latina y el Caribe en 2015. Este protocolo establece una serie de criterios técnicos cuyo cumplimiento refleja que esos datos presentan un elevado grado de validez, fiabilidad y transparencia.
En el caso de El Salvador, las cifras de desaparecidos o pandilleros muertos en enfrentamientos con las autoridades dejaron de formar parte de las estadísticas de homicidios. “Antes había una mesa en la que se cruzaban los datos de la Policía, la Fiscalía, el Instituto de Medicina Legal y la Corte Suprema de Justicia para tener un número único de homicidios”, dice Jayme Magaña, abogada y directora de Alas por la Libertad, una organización que promueve la defensa de los derechos humanos en El Salvador.
“Hablar de cero homicidios implicaría hablar de que no hay violencia social. Que el Gobierno siga con esa campaña de cero homicidios, más que rayar en la mentira es caer en negarle a las familias de víctimas de homicidios el derecho a saber qué es lo que pasó con sus familiares”, agrega Magaña.
Pese a las críticas, el Gobierno de El Salvador dice que proyecta cerrar este año con entre 1 y 1,3 muertos por cada 100,000 habitantes, la tasa de homicidios más baja en la historia reciente.
Hasta hace unos años, El Salvador era considerado como uno de los más violentos del mundo. En 2015, se registraron 6,665 homicidios.
42 prórrogas después
Las autoridades atribuyen la reducción de homicidios a la implementación del régimen de excepción.
La prórroga más reciente fue aprobada el 27 de agosto y estará vigente hasta el 2 de octubre. Ya van 42 en el régimen de excepción, declarado inicialmente como respuesta del Gobierno a un repunte de violencia que, en un solo día de marzo de 2022, dejó 62 homicidios. Aquel fue el día más violento desde que Bukele asumió la Presidencia en junio de 2019.
El régimen de excepción suspende garantías constitucionales, entre ellas la extensión del plazo de la detención provisional (de 72 horas a 15 días) y la intervención de las telecomunicaciones sin autorización judicial.
La medida, a la que la administración de Bukele atribuye la drástica reducción de homicidios, ha permitido la captura de unas 89,000 personas consideradas sospechosas de pertenecer a las pandillas o colaborar con estos grupos. La mayor parte de los detenidos aún espera que sea presentada una acusación penal.
Aunque el gobierno dice que los detenidos no saldrán de prisión —algo que los organismos de derechos humanos cuestionan porque consideran que se viola el derecho a la rehabilitación—, al menos unos 8,000 ya han sido liberados, informó en noviembre Bukele, durante una rueda de prensa en Costa Rica. Es el dato más reciente sobre las personas que han salido de prisión porque no les pudieron comprobar vínculos con las pandillas. CNN solicitó a la Presidencia información actualizada y aún espera respuesta.
A mediados de agosto, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley contra el Crimen Organizado que le otorga a la Fiscalía dos años más para que presente una acusación contra los detenidos durante el régimen de excepción. La ampliación del plazo fue criticada por la oposición, argumentando que se viola a los detenidos el acceso a una pronta y cumplida justicia.
Las críticas al régimen de excepción
A pesar de la disminución de la violencia que destaca el oficialismo, varias organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han pedido en reiteradas ocasiones, sin éxito, la derogación del régimen de excepción. La razón principal de los cuestionamientos está en las capturas arbitrarias y las denuncias de torturas a los detenidos en las prisiones.
Los activistas por los derechos humanos dicen que el régimen de excepción permite a los cuerpos de seguridad violentar los derechos. El Gobierno ha rechazado los señalamientos y defendido la medida. “Lo que estamos haciendo va para largo”, dijo Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad Pública y Justicia de El Salvador, durante una entrevista con un canal local.
La administración Bukele, que aún goza de gran apoyo popular, rechaza todo señalamiento y acusa a las organizaciones de “defender a delincuentes y no los derechos de los ciudadanos honrados”. Amnistía Internacional, entre otras ONG, ha advertido en reiteradas ocasiones que el prolongado estado de excepción ha generado una crisis de derechos humanos y que podría perpetuarse “una política de tortura en el sistema penitenciario”.
Buscar a los desaparecidos
Ese año, el más violento de El Salvador, desde que se llevan registros Darwin Avilés vivía en Apopa, un distrito del área metropolitana de San Salvador. Este vendedor de artículos diversos en línea dijo a CNN que en aquel momento las pandillas que operaban en esa zona desaparecieron a su padre, un vendedor de pescados que sigue sin ser localizado después de 10 años, y al que ya da por muerto.
El actual gobierno atribuye a las pandillas al menos 120,000 homicidios en las últimas dos décadas y aproximadamente 80,000 desaparecidos.
Avilés ahora le pide ayuda al Gobierno para poder encontrar sus restos y tener una tumba donde llevarle una flor. “Ahí quedó mucha gente inocente, gente como mi papá, gente a la cual creo que se merece no dejarlas olvidadas”, señala.
Aunque reconoce que la seguridad ha mejorado, considera que la actual administración aún está en deuda con los familiares de los desaparecidos. “Este es un tema que se está viendo con cierta indiferencia porque en este país quedó mucha gente así”, se queja.
A juicio de Magaña, las autoridades no están buscando a los desaparecidos. “Cuando localizan fosas clandestinas, ahí se encuentran cuerpos que tienen tres años de haber fallecido. Entonces esa cifra está enterrada”.
Lourdes Colón, La Libertad Oeste. La Fiscalía General de la República (FGR) continúa revelando la brutalidad de la Mara Salvatrucha
Bukele, ha reconocido que con la baja en los niveles de violencia el Gobierno tiene el reto de localizar los cuerpos de todas las víctimas enterradas en cementerios clandestinos.
Hace dos meses, la Fiscalía recuperó 11 cuerpos sepultados, según las autoridades, por la MS-13 entre 2010 y 2022. Entre esas víctimas identificaron a 8 hombres y 3 mujeres, asesinadas “con extrema violencia”, dijo la Fiscalía en un comunicado.
Con información de cnn
