Vladimir Putin, que controla el poder en Rusia desde 2000, ha tomado este lunes por cuarta vez posesión de su cargo de presidente del Estado en una solemne ceremonia en el Gran Palacio del Kremlin, que evoca una coronación imperial.
La fiesta a la que han acudido 6.000 invitados de este dirigente de 65 años, procedente de los servicios de seguridad soviéticos (el KGB) y decidido a devolver a Rusia el papel de gran potencia que desempeñaba la Unión Soviética, ha sido precedida por protestas ciudadanas. Aunque minoritarias, estas protestas cubren una amplia geografía e incorporan a jóvenes y muy jóvenes y también a sectores altamente cualificados, inquietos por las crecientes trabas impuestas en nombre de la seguridad a la modernización del país en un mundo global.
Putin, que ha llegado al acto en una limusina de fabricación rusa, fue reelegido presidente el pasado 18 de marzo con el 76,6% de los votos. Entre la ceremonia de este lunes y la de toma de posesión de mayo de 2012 se produjeron la intervención militar de Rusia en Ucrania en apoyo de los secesionistas de aquel país y la anexión de la península de Crimea, sucesos estos que marcan un antes y un después en la evolución post soviética de Rusia y de su posicionamiento en el sistema de relaciones internacionales.
A partir de 2014, las relaciones entre Moscú y los países occidentales se han caracterizado por una escalada de sanciones y contrasanciones así como por la ruptura de múltiples lazos institucionales (las dos cumbres anuales entre la Unión Europea y Rusia, por ejemplo), la desconfianza y el distanciamiento.
Putin no es aislacionista y lo que desea es alterar las reglas de juego vigentes para devolver a Rusia el coprotagonismo en grandes decisiones del mundo. A su exclusión del G8 (el club internacional tan valorado en época de Borís Yeltsin y al inicio de la época de Putin), el jefe del Estado respondió afirmándose en otros entornos y con otros socios, como los países BRICS (el club de los emergentes), China, en sus fronteras orientales, y Turquía e Irán en el sur. Con estos dos últimos países, Rusia coordina su intervención en Siria y su retorno como potencia militar en Oriente Próximo. A las discrepancias con Occidente causadas por la política del Kremlin en Ucrania se han sumado las diferencias por el apoyo de Moscú al presidente sirio Bachar el Asad y las acusaciones de interferir en las elecciones presidenciales de EE UU.
Alimentada con retórica nacionalista (Rusia estaba “de rodillas y se ha levantado”), la política exterior de Putin tiene costes económicos y sociales para el empresariado y la población, aunque la sociedad no siempre percibe la relación entre ambas cosas. Una encuesta del centro Levada indicaba que un 82% de los rusos apoyaban a Putin en abril (frente a un 17% que no aprueba). El jefe del gobierno, Dmitri Medvédev, sin embargo gozaba de una aprobación del 42% (frente a un 57% en contra) en el mismo periodo. Pero, según el centro de encuestas TSIOM, la confianza en Putin se ha reducido desde las elecciones y ha pasado del 58,9% en enero a 47,1% en abril.
Putin, con la mano derecha sobre la Carta Magna, juró en la ceremonia “respetar y defender los derechos y las libertades de las personas y los ciudadanos; cumplir y defender la Constitución de la Federación de Rusia; defender la soberanía y la independencia, la seguridad y la integridad territorial del Estado, y servir al pueblo con lealtad”.
En la valoración de su último mandato, el 45% de los ciudadanos afirmaban en abril que Putin no había asegurado una justa distribución de los ingresos en interés de los ciudadanos de a pie y un 39% opinaba —en una encuesta realizada por el centro Levada— que no se habían restituido a la población los recursos perdidos durante las reformas. Según la misma encuesta, la lista de los deseos para el nuevo mandato va encabezada por el incremento de sueldos y pensiones (39%), seguida de una sanidad y educación accesible (25%), desarrollo económico, estabilidad de la divisa, menor dependencia de los precios del petróleo. En cuarto lugar, se sitúa la lucha contra la corrupción.
Tras la toma de posesión, en presencia del patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, Kiril, Putin propuso su candidatura para el puesto de jefe del gobierno. Recayó de nuevo en Medvédev, un hombre que ha demostrado su lealtad al actual jefe del Estado al haber ejercido como presidente entre 2008 y 2012, después de que Putin hubiera agotado los dos mandatos presidenciales de cuatro años que por entonces le permitía la constitución rusa.
Siendo Medvédev presidente, la constitución se modificó para ampliar el mandato del jefe del Estado de cuatro a seis años y para permitir que una misma persona fuera presidente más de dos veces, siempre que los mandatos no fueran continuados. Si la ley fundamental no cambia de nuevo, Putin inicia hoy su último mandato presidencial. Si se tiene en cuenta que su llegada a los puestos claves del Estado se produjo en el verano de 1999 cuando Borís Yeltsin le nombró primer ministro sobre el telón de fondo de la guerra contra los separatistas del Cáucaso, Putin ya hoy lleva en el poder 19 años y por la duración de su permanencia en el poder se coloca en tercer lugar en los últimos 125 años de historia de Rusia y la URSS, después de Nicolás II (1894-1917) y Stalin (1922-1952), por delante de Leonid Breznev que dirigió el país de 1964 a 1982. Nicolás I (zar desde 1825 a 1855) y Alejandro II (de 1855 a 1881) se llevaron los récords en el siglo XIX. No obstante, ya hoy muchos dudan que Putin esté pensando en retirarse realmente.
El analista Konstantin Gaaze, del centro Carnegie de Moscú, escribe que “en los próximos años el presidente Putin intentará convencernos (y convencerse a si mismo) de que está dispuesto a marcharse en 2024 y que busca un sucesor. Pero por desgracia todos estos conversaciones, rumores, insinuaciones significativas no serán más que una cortina de humo. Esto ya se entiende por la forma en el que el presidente se comporta con los miembros del gobierno durante los debates de la reforma y las variantes de desarrollo del país”. A la orden del día están aumentos y nuevos impuestos y también prolongación de la edad de jubilación (ahora de 55 años para las mujeres y 60 para los hombres) con el fin de aumentar los ingresos del presupuesto, que ha sufrido por el descenso de los precios del petróleo respecto a la época durada en que superó los 100 dólares por barril y que sufre también de la dificultades de pedir prestado en los mercados internacionales (debido a las sanciones occidentales) y la necesidad de apoyar y satisfacer al empresariado patriótico también afectado por las sanciones.
Según Gaaze, el presidente prefiere hablar con los ministros fuertes dentro de un gobierno dirigido por un personaje débil y si esto continua “esto llevará a la descomposición del nivel superior del ejecutivo y parte de las funciones reales del gobierno pasarán a los servicios de seguridad. Estos servicios tienen ya hoy un peso hiperatrofiado en la política rusa, por ejemplo en la restricciones y control del ciberespacio. La decisión judicial de bloquear el servicio de mensajería instantáneo Telegram sin embargo no ha podido ser llevada a cabo hasta ahora y ha sido el objeto de una manifestación de protesta el pasado 30 de abril que reclutó más participantes que la del 5 de mayo convocada por el opositor Navalni en contra de la toma de posesión de Putin en Moscú en el marco de una acción que sacó a la calle a 20.000 personas aproximadamente en distintas ciudades de Rusia. Entre los rasgos de la manifestación en contra del bloqueo de Telegram estaban las reivindicaciones de los derechos ciudadanos a la libertad de información y la indignación por el carácter arcaíco de la decisión y la torpeza de las autoridades al ponerla en práctica.
Hace seis años, una oleada de protestas precedió a la toma de posesión de Putin. En Moscú, sus integrantes entonces eran más numerosos que en en la jornada del pasado 5 de mayo y su acción en la capital concluyó con severos juicios que impusieron penas de carcel a varias decenas de personas. Ahora, los manifestantes son más jóvenes e incluyen escolares. Las fotos de los chicos y chicas arrestados o golepados durante las manifestaciones han empañado la fiesta de la toma de posesión, pero esta vez no habrá el contraste entre la caravana que traslada a Putin al Kremlin por las calles vacías de la capital. Lo más preocupante de las manifestaciones del 5 de mayo en Moscú es el papel desempeñado en la represión por gente que se presentan como cosacos y defensores del régimen y que zarandearon, maltrataron y pegaron con sus fustas a los manifestantes. Entre los presentes en la manifestación en la que Navalni fue arrestado había miembros del Tsentralnoe Lazachie Voisko” (destacamento de cosacos central), que habían recibido apoyo financiero de la alcaldía de Moscú para entrenarse para disolver mitines. Lo dijo el canal Chudesa OSINT de Telegram.
Según esta fuente, de 2016 a 2018, esa organización recibió del departamento de política nacional y relaciones interregionales de la alcaldía de Moscú tres contratos para entrenarse con objeto de mantener el orden público, garantizar la seguridad en concentraciones masivas en la ciudad. Se trata de una “nueva tecnología” que las autoridades están rodando y que es análoga a los “titushki” de Ucrania, según dijo el politólogo Gleb Pavlovski a una corresponsal del servicio informativo “The Bell” que investigó el caso. Los “titushki” es el nombre que recibieron los civiles ucranianos que colaboraban con los órganos de seguridad en contra de los manifestantes que protestaban contra el régimen, normalmente mediante algún tipo de relación jerárquica o de pago. En época soviética personajes de paisano que colaboraban con el KGB disolvían los mitines de disidentes.
