(No hay imágenes por mantenimiento de hosting)La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, dice en su Informe Anual 2016 que de 61 expedientes de intervención a las telecomunicaciones efectuadas por la Fiscalía General de la República durante ese período, sólo dos fueron destruidos después de transcurridos los 6 meses que establece la ley y otros 43 que presentaban “ilegalidades”.
El artículo 23 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones LEIT,establece que después de transcurrido seis meses de haber efectuado la intervención sin que estas hayan sido judicializadas, deberán ser destruidas las grabaciones con sus transcripciones.
El Informe de la Procuradora, aunque no detalla en que consisten, asegura 43 de los expedientes “presenta ilegalidades. El Informe sobre las auditorías fue presentado a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa.
Asimismo la Procuradora asegura en su Informe que el Director del Centro para la intervención de las Telecomunicaciones de la FGR “obstaculizó” las auditorías.
Una fuente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea,consultada al respecto, calificó de “grave” las ilegalidades las que se refiere la Procuradora, ya que “atentan contra los derechos humanos de las que se afecta con ello y a la institución del debido proceso.
La fuente agregó que el señalamiento de las ilegalidades y de la violación a la disposición de la LEIT que obliga a la FGR a destruir las grabaciones y sus transcripciones, podría dar lugar a una interpelación del titular del ministerio público.
El informe presentado por la titular de la PDDH, Raquel Caballero de Guevara, dejó en evidencia que el encargado del Centro de Intervención de las Telecomunicaciones obstaculizó deliberadamente el trabajo de dicha institución.
