El Procurador de Derechos Humanos, David Morales, emitió el lunes consideraciones en contra de los derechos de 4 militares que podrían ser extraditados a España por el caso de los jesuitas muertos en el marco de una ofensiva guerrillera contra la institucionalidad del Estado en 1989.
El Ombudsman salvadoreño arremetió contra el Poder Judicial ante una supuesta “resolución definitiva” que podría defender los derechos, ante una Ley de Amnistía que debe proteger a los militares capturados por el Gobierno salvadoreño y que esperan una resolución.
De acuerdo con Morales, recientemente la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un escrito presentado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en el que señala que “notifica que el caso pasa a su fase de análisis para una resolución definitiva”.
“Es decir, que está a punto de dar la Corte Suprema en pleno, su resolución definitiva en cuanto al tramite de las 4 extradiciones solicitadas contra los señores militares”, explicó a periodistas.
El titular de la PDDH intenta forzar a que las resoluciones de la procuraduría sean “objeto de consideración” por la CSJ.
Morales emitió una resolución en la que, negando los derechos legales de los militares salvadoreños, se “establece la violación del derecho a la justicia” por la CSJ al “negar colaboración” con España al denegar la extradición de varios de los involucrados en 2012.
El pasado 5 de febrero, las autoridades salvadoreñas, por orden del Ejecutivo, detuvieron a el coronel Guillermo Alfredo Benavides, los sargentos Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo, y el cabo Ángel Pérez Vásquez, quienes desde esa fecha están recluidos a la espera de una decisión de la CSJ; otros 12 militares se mantienen prófugos de la justicia.
Una Ley de Amnistía General emitida en 1993 por la Asamblea Legislativa de El Salvador no permite juzgar a los implicados en crímenes de guerra durante el conflicto civil que vivió este país entre 1980 y 1992, ya sean militares o guerrilleros miembros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el Poder desde 2009. Contra los crímenes cometidos por la ex guerrilla terrorista, Morales nunca se ha manifestado, ni ha intentado abogar por los derechos de miles de salvadoreños asesinados por la izquierda durante el conflicto armado.
“Se me respondió que habían sido recibidas las resoluciones de la PDDH, pero los argumentos y las recomendaciones que he emitido no han sido tomados en cuenta en los debates previos de la Corte en Pleno”, señaló el ombudsman.
La noche del 16 de noviembre de 1989, un supuesto escuadrón del batallón elite Atlacatl del Ejército irrumpió en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), donde se encontraba reunido parte de la dirigencia intelectual de la subversión y mató a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Armando López y Juan Ramón Moreno y al salvadoreño Joaquín López.
En el hecho, ocurrido en el marco de la guerra civil, también fueron asesinadas la colaboradora de los religiosos Elba Julia Ramos y su hija Celina.
La Ley de Amnistía General emitida en 1993 por el Congreso no permite juzgar a los implicados en crímenes de guerra durante el conflicto civil que vivió ese país entre 1980 y 1992.
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