Los presidentes de los tres países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) se reunirán en junio con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, para tratar el plan Alianza para la Prosperidad.
Así lo anunció en una conferencia de prensa el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Raúl Morales, quien especificó que este encuentro durará dos días, el 15 y el 16 de junio en el estado de la Florida, EE.UU.
Los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales, El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, y Honduras, Juan Orlando Hernández, ya han confirmado su participación, así como varios funcionarios del gobierno estadounidense, entre ellos el secretario de Estado, Rex Tillerson, y el secretario de seguridad nacional, John Kelly, entre otros.
El canciller guatemalteco abundó que también se baraja la asistencia del presidente de México, Enrique Peña Nieto, y de Colombia, Juan Manuel Santos, así como representantes de la Unión Europea y de Canadá, aunque ninguna de ellas está confirmada. El objetivo sería realizar un cónclave de países amigos.
El próximo 16 de mayo, los cancilleres del Triángulo Norte de Centroamérica tendrán una reunión con Tillerson, en un lugar sin definir, para afinar y confirmar el programa de este encuentro.
El Triángulo Norte de Centroamérica, formado por Guatemala, El Salvador y Honduras tienen un fuerte flujo migratorio hacia Estados Unidos y México, por lo que se ha puesto en marcha el Plan Alianza para la Prosperidad.
Antes de dejar el cargo, el expresidente de Estados Unidos Barack Obama solicitó al Congreso una partida de 750 millones de dólares de ayuda a Centroamérica dentro del presupuesto para el año fiscal 2017, que se sumaría a otra 750 millones ya aprobada para apoyar al Plan de la Alianza para la Prosperidad.
Desde la elección de Trump, varios funcionarios estadounidenses han asegurado que está garantizado el apoyo de Estados Unidos al programa, que busca desalentar la migración a través de la mejora económica y social de los países que componen el Triángulo Norte.
El presupuesto acordado la pasada semana en el Congreso de Estados Unidos para lo que resta de año fiscal, que se aprobará estos días, incluye una dotación de 655 millones para ayuda a Centroamérica y 391 para Colombia.
Los 655 millones de dólares destinados a Centroamérica suponen un recorte de 95 millones respecto a las disposiciones del año Fiscal 2016, mientras que Colombia recibe hasta 391 millones de dólares, un incremento de 91 millones respecto al ejercicio anterior.
El monto asignado a Centroamérica está destinado a “continuar el apoyo a la Estrategia de Estados Unidos para el Compromiso con América Central”, centrada en abordar las causas de la migración de los indocumentados centroamericanos a Estados Unidos.
Sin embargo, los tres países presentan atraso en los 16 criterios que deben cumplir para ser sujetos de entrada de los fondos, de los cuales el 6to, “Combatir la corrupción, incluyendo investigar y procesar a funcionarios de gobierno sobre los que pese una presunción creíble de corrupción”, mantiene a El Salvador en el “filo de la navaja”, debido a su negativa rotunda de permitir instituciones independientes que controlen la corrupción, como ya lo han hecho Guatemala y Honduras.
Es más, el canciller salvadoreño, Hugo Martínez, evita referirse a que el Gobierno de El Salvador ha dado inmunidad a dos dirigentes del FMLN que están siendo investigados por diferentes delitos de corrupción.
Los 16 criterios que deben cumplir los países del Triángulo Norte son los siguientes:
1. Informar a los ciudadanos de los peligros de viajar ilegalmente a la frontera sudoeste de los Estados Unidos.
2. Combatir el tráfico y la trata de personas
3. Mejorar la seguridad fronteriza
4. Facilitar el retorno seguro, la repatriación y la reintegración de los migrantes indocumentados
5. Establecer un ente autónomo que rinda cuentas públicamente para supervisar el plan
6. Combatir la corrupción, incluyendo investigar y procesar a funcionarios de gobierno sobre los que pese una presunción creíble de corrupción
7. Implementar reformas, políticas y programas para mejorar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas, incluyendo la capacidad e independencia del sistema judicial y de la Fiscalía General de la República
8. Establecer e implementar una política en la cual las comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil (incluyendo grupos indígenas y otros grupos marginados) y gobiernos locales son tomados en cuenta durante el diseño y la implementación y evaluación de las actividades del plan que afecta a tales comunidades, organizaciones y gobiernos
9. Contrarrestar las actividades de las bandas criminales, traficantes de droga y el crimen organizado
10. Investigar y procesar penalmente en el sistema de justicia civil a los miembros de las fuerzas militares y de la policía sobre quienes pesen sospechas fundadas de haber violado los derechos humanos y garantizar que los militares y la policía estén cooperando en tales casos
11. Cooperar con las comisiones contra la impunidad, según proceda, y con las entidades regionales de derechos humanos
12. Apoyar programas para reducir la pobreza, crear empleos y promover el crecimiento económico equitativo en áreas de donde parte un gran número de migrantes
13. Establecer e implementar un plan para crear una fuerza de policía civil profesional y responsable y reducir el papel de los militares en la actividad policial interna
14. Proteger el derecho de los partidos políticos de oposición, periodistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos y otros activistas de la sociedad civil para operar sin interferencia
15. Aumentar los ingresos del gobierno, incluyendo la aplicación de reformas fiscales y el fortalecimiento de los organismos de aduanas
16. Resolver disputas comerciales, incluyendo la confiscación de los bienes inmuebles, entre entidades estadounidenses y ese gobierno.
