Presidenta electa de Costa Rica se distancia del presidente Bukele: “No voy a permitir nunca el autoritarismo”
En un gesto que marca una clara intención de diferenciarse del estilo de gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele, la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, aseguró en su primer discurso tras el triunfo electoral que no permitirá “nunca el autoritarismo ni la arbitrariedad” durante su mandato, programado para iniciar el 8 de mayo de 2026.
Fernández, de 39 años y militante del Partido Pueblo Soberano (PPSO), obtuvo la victoria con cerca del 48 % de los votos en primera vuelta, superando ampliamente a sus rivales y adelantando un gobierno que, aunque conservador y con propuestas de mano dura contra el crimen, quiere marcar distancia retórica con modelos de gobernanza que algunos críticos consideran autoritarios en la región.
“Yo, como nueva presidenta de la República, no voy a permitir nunca el autoritarismo ni la arbitrariedad que nadie quiere en Costa Rica… cuidaremos la democracia que nos ha costado tanto construir”, enfatizó Fernández ante seguidores y medios, en un mensaje que muchos interpretan como un contrapunto explícito a prácticas políticas vistas en El Salvador.
La advertencia de Fernández cobra relevancia en un contexto regional donde líderes han sido objeto de debate por sus estilos de gobierno. En El Salvador, Bukele ha consolidado su poder político con altos niveles de popularidad, pero también con señalamientos de acumulación de poderes, cambios judiciales y prácticas consideradas autoritarias por organizaciones internacionales y expertos, que ponen en tensión el balance de poderes y las libertades civiles.
Aunque Bukele felicitó telefónicamente a Fernández por su victoria, la presidenta electa se ha encargado de subrayar que su enfoque será distinto: “respetar las instituciones democráticas y limitar el poder del Ejecutivo”, afirmó en el mismo mensaje.
La victoria de Fernández se produce en un momento en que muchos costarricenses expresan preocupación por el aumento de la inseguridad y el narcotráfico, temas que dominaron la campaña electoral. Su propuesta incluyó políticas de seguridad firmes, medidas que algunos analistas comparan con el enfoque de “mano dura” de Bukele, pero que ella misma ha intentado equilibrar con un discurso de respeto a las garantías democráticas.
Durante la campaña, Fernández fue percibida como la continuadora política del presidente saliente Rodrigo Chaves, de quien fue ministra de Planificación Nacional y de la Presidencia antes de renunciar para postularse a la presidencia. Sin embargo, ahora, con el triunfo asegurado, ha buscado marcar una línea clara:
- Reiterar que no permitirá prácticas autoritarias ni intentos de concentración excesiva de poder.
- Reconocer la necesidad de fortalecer el Estado de derecho y la independencia institucional.
- Mantener una agenda de seguridad, pero dentro de un marco de respeto a las libertades y procedimientos democráticos.
La declaración de Fernández ha sido bien recibida por sectores que valoran la tradición democrática de Costa Rica y que ven con preocupación los ejemplos de retrocesos institucionales en otros países de la región. Líderes de partidos de oposición y organizaciones civiles destacaron la importancia de proteger las libertades y asegurar una transición pacífica y respetuosa del Estado de derecho, elementos consagrados en la Constitución costarricense.
Al mismo tiempo, algunos analistas advierten que la retórica contra el autoritarismo será puesta a prueba si se concreta una agenda de mano dura que, aunque popular en el corto plazo por la percepción de seguridad, podría tensionar derechos mediante estados de excepción o concentraciones de poder legislativo.
La promesa de Fernández resuena en un momento en que la democracia costarricense es comparada regularmente con otros sistemas en América Latina. Costa Rica ha sido tradicionalmente considerada una de las democracias más estables del continente, sin fuerza militar y con un amplio respeto por las instituciones civiles. Su liderazgo enfrenta ahora el desafío de equilibrar control del crimen, protección de derechos y respeto a las instituciones en un entorno regional complejo.
