El reciente acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y El Salvador, valorado en $1,400 millones, enfrenta incertidumbre debido a posibles incumplimientos por parte del gobierno de Nayib Bukele. Este acuerdo, aprobado tras años de negociaciones, busca fortalecer la sostenibilidad fiscal y externa del país mediante reformas estructurales, transparencia fiscal y medidas anticorrupción.
Sin embargo, expertos advierten que el incumplimiento de compromisos clave, como la limitación del uso de Bitcoin en la economía estatal y la implementación de reformas fiscales, podría llevar a la suspensión de los desembolsos programados. Esto no solo afectaría el financiamiento del FMI, sino también el acceso a préstamos de otras entidades multilaterales como el Banco Mundial.
El impacto de una posible suspensión sería significativo, afectando la estabilidad económica y la confianza de los inversionistas. Mientras tanto, el gobierno salvadoreño enfrenta el desafío de cumplir con las condiciones establecidas para garantizar el flujo de recursos y evitar un retroceso en los avances económicos logrados hasta ahora.
La situación plantea preguntas sobre la capacidad del país para equilibrar sus prioridades internas con las exigencias internacionales.
El cumplimiento de los compromisos asumidos por El Salvador en el marco del acuerdo con el FMI es crucial para mantener el apoyo financiero y garantizar la estabilidad económica. Según los informes, el gobierno ha implementado medidas significativas, como la reducción del déficit fiscal y la mejora de la transparencia fiscal, para cumplir con las condiciones del acuerdo. Sin embargo, el éxito a largo plazo dependerá de la capacidad del gobierno para implementar reformas estructurales, como la reforma del sistema de pensiones y la mejora de la gobernanza.
Aunque el FMI ha destacado avances en áreas como la disminución de la inflación y la mejora de la seguridad, también ha señalado desafíos persistentes, como la alta carga de deuda y las brechas en infraestructura y productividad.
