La Cámara Segunda de lo Penal absolvió este viernes de toda responsabilidad civil al ex presidente Francisco Flores. Además, se estableció que su esposa e hijos no deben responder por el procesado, ya fallecido. La Cámara declaró inadmisible la petición fiscal.
Los magistrados de la cámara señalaron que el principal argumento para declarar inadmisible la petición fiscal fue la “carencia de pruebas”. Según la resolución, la Fiscalía General de la República (FGR) les adjuntó un documento de Taiwán, pero sin la firma autenticada del cónsul.
“Faltó la formalidad que exige la ley para que valga en el país. La firma debe estar autenticada por un cónsul, no se llenaron las formalidades de ley”, se lee en el documento entregado ayer a las partes.
Según la fiscalía, la familia del expresidente debía entregar $15 millones de responsabilidad civil: $10 millones que, según la acusación, fueron desviados por Flores de un donativo de Taiwán, y otros $5 millones producto de enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, con la decisión de la Cámara Segunda de lo Penal, la familia del exmandatario quedó absuelta de este reclamo.
La fiscalía acusó a Flores en abril de 2014 del delito de peculado (apropiarse de dinero del Estado), enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares. Sin embargo, con el fallecimiento del exmandatario en enero de 2016, la acción penal de la fiscalía quedó desvanecida; aunque la acción civil debía continuar.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador decidió exonerar civilmente a la familia de Flores, por lo que la fiscalía apeló la decisión ante la Cámara Segunda de lo Penal.
Ayer, ese tribunal superior consideró que la FGR no presentó las pruebas correspondientes para respaldar su petición, con lo que también la responsabilidad en el caso queda sin efecto.
En junio de 2017, la fiscalía le incautó a Flores nueve propiedades, entre ellas una hacienda con un lago artificial donde funcionaba un spa yoga, un aserradero, tres lotes de una isla en el océano Pacífico y cuatro inmuebles más.
La fiscalía dijo que el exmandatario presentó “un incremento patrimonial injustificado” durante su administración. Por lo que “estas propiedades se consideran que tienen un origen ilícito y otras mezcladas con acciones ilegales”.
