El oficialismo del FMLN, GANA, PCN y PDC le dieron al Gobierno 25 años extras de crédito para no pagar a las Administradoras de Fondos de Pensiones al ampliar a 50 años el plazo para honrar los títulos valores. El no pago de los compromisos del Gobierno con las AFP’s pone en peligro las pensiones de unos 160.000 jubilados.
Con esta medida, el Gobierno se desentiende de pagar pagar 41 millones de dólares en julio y más de 80 millones en octubre de la deuda que tiene con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP’s) en detrimento a los ahorros de los cotizantes.
El Gobierno tiene un impago de 55 millones de dólares con las AFP’s desde el 7 de abril pasado, que hoy pretenden solventar mediante recortes al gasto social del Presupuesto General de la Nación 2017, sin hacer recorte alguno a los gastos supérfluos del Estado.
La reforma, acordada hoy entre el Gobierno y sus partidos satélites, e introducida a última hora en el pleno legislativo la semana pasada, establece que el Estado tendrá un plazo de cancelación de 50 años, más 5 años de gracia, y no de 25 como estaba estipulado, para cancelar los títulos valores que emite un fideicomiso administrado por Bandesal y que las AFP’s son obligados a comprar con fondos del retiro de los trabajadores.
Según la vicepresidenta del Congreso y diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Lorena Peña, esta medida, aprobada con 45 votos de 84 legisladores y con el rechazo de la oposición, se aplicará a los títulos “vencidos, que están por vencerse o los nuevos por emitir”.
“La reforma a la Ley del Fideicomiso de Inversión Previsional (FOP) tiene como propósito dar certeza de que podrá ser sostenible y tener un adecuado plan de manejo la deuda de los Certificados de Inversión Previsionales (CIP A- títulos valores)”, aseguró tras la aprobación.
La reforma a la ley del FOP, creada en 2006, también estipula un incremento de los intereses de los CIP A que se emitirán en lo que resta de 2017, y hasta enero de 2019 pasarán del 3,7 % al 4 % y los extendidos a partir de febrero de 2019 ganarán una tasa de hasta el 5,5 % de interés, que cubrirá el Gobierno al honrar la deuda, cuando la mayoría de los cotizantes hayan ya muerto.
La reforma fue aprobada con los votos del oficialista FMLN, la Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), Concertación nacional (PCN) y la Democrácia Salvadoreña (PDC), mientras que el único partido que queda como oposición, la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), rechazó la medida.
“No podemos acompañar con nuestros votos este decreto, porque quienes nos jubilemos, no veremos el rendimiento”, aseguró el diputado tricolor Julio Fabián, que aseguró que la medida ahuyentará a los inversionistas, porque “se recurrió a lo más fácil”.
El también diputado arenero, René Portillo Cuadra, advirtió que “ahora ya no será a 25 años de plazo que los trabajadores verán el retorno de capital e intereses, sino que será a 50 años. Esto es una vergüenza. Ojalá que el pueblo sepa que por culpa del gobierno del ‘buen vivir’, se van a quedar sin pensiones.”
De acuerdo a la la Asociación Salvadoreña de AFP’s (ASAFONDOS), la deuda del Gobierno asciende a más de 5.700 millones de dólares, lo que equivale al 60 % de los fondos de retiro de los trabajadores.
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