Por Mauricio Eduardo Colorado-(ex fiscal General de la República).
La gota que está rebalsando el vaso, es la petición de un abogado a la Asamblea Legislativa para que siga antejuicio al Fiscal General de la República por no actuar contra el llamado Cartel de Texis, y su dirigente “Chepe Diablo”.
La realidad es que después de analizar la actividad del Fiscal General en esta complicada situación delincuencial que afecta al país, nos parece muy sospechosa la petición que hace el profesional del derecho, ya que la imagen que proyecta ante los salvadoreños, es que desea detener la hasta ahora excelente actuación del actual Fiscal, contra la delincuencia. Los delitos cometidos por altos funcionarios o ex funcionarios son de una gravedad nada comparable con el delito que supuestamente ha cometido el Fiscal en relación a Chepe Diablo.
Cualquier persona que analice la coyuntura delincuencial del país, se dará cuenta de que gran parte de la atención de la fiscalía, se debe absorber en esos graves delitos de enriquecimiento ilícito, que desmedidamente se les atribuye a los ex funcionarios. Igual o superior gravedad representan los delitos supuestamente cometidos por el ex funcionario encargado de velar por los derechos de la población para no ser agredidos ni víctimas de la delincuencia.
Conspirar desde la Fiscalía para elaborar pruebas en determinados casos, o para despilfarrar los escasos recursos de tan importante institución en viajes internacionales pagando gastos en hoteles de lujo o pagando tarjetas de crédito personales del ex funcionario y su familia, nos parece un abuso injustificado de gran envergadura.
Todos hemos visto un video en el cual un personaje ligado por amistad o intereses al ex funcionario que llegó a Nicaragua (a realizar una “consultoría”, pero se quedó a vivir allí, con carácter de asilado), video en el cual se visualiza claramente que dicho personaje entrega un aparente fajo de billetes al ahora ex Fiscal General.
Definitivamente que tal video no puede tomarse como prueba judicialmente, ya que no se demuestra más que una suposición porque a ciencia cierta, ni se establece que lo que se entrega es dinero efectivo –como aparenta ser- ni se define en concepto de qué está entregando lo que entrega. Sin embargo, lo que el ciudadano común saca en claro, es que lo captado por la cámara, es una entrega ilícita, dado que el personaje sometido a la investigación se ha dado un color de corrupto, que no cabe en el arco iris.
Nuestra justicia es deficiente, y lenta, y la delincuencia común ha tomado grandes proporciones, al grado que tiene a las autoridades a un paso del colapso. Los delitos llamados de cuello blanco, donde el enriquecimiento ilícito ha tomado un lugar preferencial, absorben mucho tiempo y recursos a la entidad fiscalizadora que la obliga a priorizar los casos en los cuales debe intervenir. Por ahora solamente les queda a los ciudadanos estar vigilantes de las conductas de sus funcionarios y denunciar los indicios de actos sospechosos.
A quienes observamos desde la barrera, nos parece a la legua, que la denuncia contra el Fiscal, no es más que un triste intento de detener el impulso que la fiscalía ha tomado contra estos criminales que abusando del poder, se han burlado de quienes con los malabares del engaño, se posesionaron de cargos que usaron en beneficio propio.
La mayoría de salvadoreños confía en la actividad de la fiscalía y aplaude el accionar de ella. Recomendamos a los funcionarios responsables, esmerarse en su protección, ya que los temas delincuenciales que combaten tienen brazos poderosos capaces de atentar contra la vida de cualquier persona. (Ya hemos tenido un caso de eliminación violenta del titular de la Fiscalía y sus efectos.) La Asamblea Legislativa estará bajo una lupa ciudadana ante la petición de antejuicio contra el actual Fiscal, porque allí existen funcionarios que han llegado a declarar que desconocen que sus cónyuges forman parte de entidades que han recibido donaciones de parte de la Asamblea de medio millón de Dólares. ¿Puede Usted creer eso?
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