Un grupo de organizaciones no gubernamentales de izquierda, encabezadas por Tutela Legal Fespad, pidió el jueves a un tribunal reabrir las investigaciones sobre el homicidio del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, con el objetivo de confirmar las identidades de los asesinos, a 37 años del crimen, y reivindicar “el derecho de acceso a la Justicia”.
Alejandro Díaz, abogado de la organización Tutela Legal “María Julia Hernández”, dijo a periodistas que “es necesario verificar judicialmente” la versión de las Naciones Unidas de que el mayor Roberto d’Aubuisson Arrieta, fundador de la mayor fuerza política y actual oposición política en el país, la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), fue el autor intelectual del asesinato del beato.
Los demandantes reclaman que el caso debe ser reabierto en su etapa de instrucción, la cual fue cerrada en 1993 debido a la aplicación de la Ley de Amnistía, que exoneró a los implicados en crímenes a lo largo de los 12 años de guerra en El Salvador.
Díaz detalló que aparentemente “es de todos conocido” que el crimen fue realizado por un escuadrón de la muerte mandado por d’Aubuisson, sin embargo según algunos expertos historiadores, en el momento del magnicidio d’Aubuisson ya no tenía mando militar ni la capacidad de logística que fuera utilizada por los asesinos, debido a que huía de la persecución militar y policial de la entonces Junta de Revolucionaria de Gobierno.
El Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993, se basó en “chambres” e información sesgada, en su mayor parte servida por la ex guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y algunos militares de alta que habrían ocultado la verdadera personalidad de los autores intelectuales y del solitario francotirador que asesinó a Romero.
El coordinador de la organización de izquierda, Ovidio Mauricio, aseguró a la prensa que su petición se respalda en la anulación, en julio de 2016, de la Ley de Amnistía General que bloqueaba los procesos de los crímenes de guerra ocurridos en la guerra civil (1980-1992).
“La anulación de la Ley de Amnistía nos permite acudir a los Tribunales en base al Código Penal de 1973 y pedirle directamente al juez que reabra el proceso”, aseguró Maurico, cuya ONG encabeza la petición.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema declaró inconstitucional la amnistía de 1993 porque era “contraria” al derecho de “acceso a la justicia” y “reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”.
El abogado señaló que otro motivo para acudir directamente al Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador fue la negativa de la Fiscalía de retomar el caso, pese a que presentaron sendas peticiones en 2015 y 2016.
Añadió que con esta acción se busca reivindicar “el derecho de acceso a la Justicia, que en el caso de monseñor Romero se ha violentado” y que “a través de la Justicia se conozca la verdad”.
Jaime García, quien era secretario de Monseñor Romero en el momento de su asesinato, es parte de los demandantes y asegura que lo que buscan es que se sepa la verdad. “Que los victimarios se acerquen, no queremos venganza… queremos que pidan perdón. Y le pedimos al ministro de Defensa David Munguía Payes que abra los archivos de guerra”, dejando abierta la posibilidad de que los mandos del Ejército de la época hayan estado al mando o al tanto del crimen.
Romero fue beatificado el 23 de mayo de 2015 en una multitudinaria misa en San Salvador, denunciaba en sus homilías los ataques de los cuerpos de seguridad contra la población civil y otras violaciones a los derechos humanos, pero también atacaba vehementemente los secuestros, robos, asesinatos y varios crímenes que realizaba la guerrilla con la excusa ideológica de la revolución.
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