Voceros del Sistema de Prepago (Sipago) anunciaron que las unidades del Sitramss circularán con normalidad este jueves, pese a que con anterioridad habían amenazado con no circular en protesta por la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ordenó una medida cautelar, reconociendo el derecho de la población a utilizar el carril hasta ahora exclusivo de la empresa privada que maneja el Sitramss.
La Fiscalía General de la República (FGR) también fue del criterio de que al conceder el uso exclusivo del carril a una empresa privada se estaba violando la ley.
El presidente de Sipago, Miguel Castañeda amenazó el lunes asegurando que las unidades serían retiradas debido a la habilitación de los carriles segregados a todo público en cumplimiento a la medida cautelar de la Sala.
“El retiro es inmediato, esto no puede esperar, es así, es como que le corte el cable eléctrico a un bus, ya no puede circular”, dijo, tras explicar que el Sitramss solo puede funcionar en un carril exclusivo.
Sin embargo, en las primeras horas de la tarde del martes, la empresa se retractó de lo dicho por Castaneda luego de sostener una reunión con el viceministro de Transporte, Nelson García. El comunicado publicado en las cuentas de redes sociales explicaron que, tras la reunión se acordó prestar el servicio en los horarios habituales.
El Sistema de Transporte Integrado del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss) enfrenta problemas legales porque, según la Fiscalía y transportistas, no cumplió con requisitos imprescindibles como ser aprobado por la Asamblea Legislativa como manda la Constitución y entregar a una empresa privada bienes que son públicos, como las calles e instalaciones construidas con impuestos de todos los salvadoreños.
La FGR planteó en el proceso que, de acuerdo con “una interpretación armónica de la Constitución de la República, las concesiones de obras materiales de uso público, cuando hay utilización de presupuestos estatales, como el caso sub judice, Sitramss, deben ser aprobadas por la Asamblea Legislativa, por ser un mecanismo de vigilancia hacia el Órgano Ejecutiv.
La Sala de lo Constitucional cuestionó al gobierno en su resolución por “la construcción en vías públicas de las terminales requeridas por el Sitramss” y la designación de un particular para su construcción y uso.
