Las posibilidades de que la tensión política creada por la orden de captura librada contra los militares acusados por la Audiencia Nacional de España de estar vinculados con el asesinato de los curas jesuitas en noviembre del 89, desaparecieron prácticamente luego que el gobierno emitiera un comunicado donde asegura que la actuación de la PNC ha sido apegada a la ley.
El gobierno asegura que las detenciones, hasta ahora de cuatro militares, se han realizado dentro del marco de las leyes nacionales y los tratados internacionales.
“Este Gobierno es absolutamente respetuoso de las leyes nacionales y tratados internacionales, así como del sistema de justicia y sus procedimientos”, detalla el comunicado, en el cual se afirma que las detenciones se han realizado con el respeto de los derechos fundamentales de los acusados.
“La PNC dio cumplimiento ha actuado dentro respetando los derechos fundamentales de las personas” dice el comunicado.
Según la comunicación del gobierno la difusión roja en contra de los procesados, equivale a una orden legal de captura y allanamiento y fueron llevadas a cabo en cumplimiento de los acuerdos internacionales con la INTERPOL.
La Constitución de la República establece que la extradición no puede estipularse con respecto a nacionales en ningún caso ni respecto de extranjeros por delitos políticos, aunque por consecuencia de estos resultaren delitos comunes.
El presidente de la República convocó la tarde del lunes a los dirigentes de todos los partidos políticos para discutir la orden de captura que pesa sobre los militares con la evidente intención de convencerlos de que las capturas realizadas y por realizar, que tiene la Policía son legales tal como lo manifiesta el comunicado de casa presidencial dado a conocer este mismo lunes.
Los familiares de los militares, tanto de los capturados como de los que están siendo perseguidos, reiteraron la inocencia de sus padres e hicieron un fuerte llamado a la Corte Suprema de Justicia para que mantenga el criterio con que ordenó la libertad de los mismos militares en agosto del 2011. En esa oportunidad la Corte dejó establecido que una difusión roja no equivale a una orden de captura.
Mientras, una nutrida representación de militares de todo rango que ejercieron el mando durante el tiempo que duró el conflicto armado, anunció para este martes una conferencia de prensa en la que fijará su posición frente a lo que consideran un atropello y una persecución política contra sus compañeros de armas.
