Por Francisco Sorto Rivas *.- (Envio de gral Calderón) Algunos diputados de oposición no acompañaron el acuerdo, argumentando discrepancias respecto a los lineamientos dados oportunamente por la Sala de lo Constitucional; la Ley de Responsabilidad Fiscal; así como por la aplicación parcial de otras disposiciones legales relativas a escalafones salariales.
Lo cierto es que algunas declaraciones señalaban que al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) se le otorgaron $61 millones para pagar pensiones y que con ello se complementarían íntegramente las necesidades de pensión de su población retirada, para 2018. Incluso se mencionó que dicha suma fue avalada por la Superintendencia del Sistema Financiero.
Lo que no se mencionó es que $14.4 millones corresponden a obligaciones directas del Estado, derivadas de pensiones otorgadas antes del nacimiento del IPSFA ($4.4 millones), y por el tiempo acreditado por otros militares antes de la creación del instituto, pero que se pensionaron a través de este ($9 millones). No hay que olvidar que antes de existir el IPSFA las pensiones militares eran no contributivas.
Aparte de esos $14.4 millones, se asignaron $46.8 millones para financiar el déficit de sus pensiones; de los $60.4 solicitados originalmente al Estado, tomando en cuenta la estimación de ingresos por $36.5 millones, para este año, versus los $97.6 millones a pagar, de pensiones.
Existe, por lo tanto, un diferencial de $13.6 millones entre el déficit estimado y la asignación presupuestaria para pagar pensiones de la población atendida por el IPSFA; claro está que esto representa un avance importante al comparar tal situación, con lo ocurrido en el presupuesto 2017, donde se asignaron $1,000 para cubrir una brecha efectiva de $48 millones ($3.3 millones menos que la estimación original, por $51.3 millones).
Con dicha incorporación al presupuesto se ha dado un salto de calidad al reconocer el derecho que tienen los militares a la garantía de una pensión, así como la tuvieron los empleados civiles del Gobierno, a través del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP).
A pesar de las dificultades administrativas que supone la transferencia mensual de dichos recursos para el pago oportuno de las pensiones del IPSFA, más adelante se tendrá que promover algún refuerzo presupuestario para terminar el año; aunque no de la magnitud de 2017, ni acarreará los problemas de incertidumbre experimentados en el año 2016, cuando se otorgaron al instituto $37.3 millones para tales propósitos, al amparo del DL 388 y otros $3.3, mediante el DL 284, para totalizar $40.6 millones; esto por haber dejado fuera del presupuesto las necesidades de financiamiento del déficit de pensiones del IPSFA.
Se puede decir, entonces, que ha habido un avance importante en las acciones de política en esta materia, al pasar de una omisión total de esta obligación, en el presupuesto de 2016, a una asignación simbólica de $1,000, en 2017, hasta la incorporación del 75 % del déficit de pensiones estimado por el IPSFA, en 2018. Esto es insuficiente, claro está, pero da más confianza a la población pensionada del sector.
*Francisco Sorto Rivas / Master en Economía
