La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, informó a periodistas que la institución que dirige se ve imposibilitada de realizar las auditorias que manda la ley en una gran cantidad de procesos legales debido a que la capacidad instalada de la procuraduría es insuficiente.
Según la Procuradora, sólo en el mes de junio las denuncias que llegaron a la institución superaron las 20 mil, pero que. a pesar de lo abultado de los casos, se trabajará hasta revisar todos y cada uno de ellos.
En especial, existe preocupación ciudadana por el caso del Centro de Intervención a las Telecomunicaciones (CIT) a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) que no ha sido auditado en mucho tiempo, por lo que no hay certeza que los Derechos Humanos de muchos ciudadanos hayan sido respetados.
La Ley Especial de Escuchas Telefónicas (LEIT), en su artículo número 33 le obliga a la PDDH a llevar auditorías a cabo al menos una vez al año, además de realizar inspecciones exhaustivas especiales cuando se observan casos en los que las víctimas solicitan la ayuda a la Procuradora por una “violación inminente a sus derechos”.
Recientemente, los abogados del empresario Enrique Rais realizaron una publicación en Campo Pagado en varios medios de comunicación del país en el que revelaron lo que ellos consideran “atropellos e ilegalidades” en contra de su defendido.
Al ser entrevistada Caballero de Guevara en un programa televisado, la funcionaria respondió que con respecto a ese caso en específico “se ha recibido y se dará el trámite que corresponde”.
La publicación del Campo Pagado, firmado por tres abogados fue dirigida a la embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica, Jean Manes, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Plena (CSJ), a los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal, a las magistradas de la Cámara Segundo de lo Penal, al Juez Octavo de Instrucción y a la misma Procuradora de Derechos Humanos.
